Presidente de Uruguay anuló resolución de la ministra de Salud Pública y restituyó la sanción de 5 años a la anestesista condenada por mala praxis

La intervención directa de Presidencia para revertir la decisión de una ministra en funciones constituye un hecho poco frecuente en la historia política reciente del Uruguay. Si bien la nueva resolución lleva las firmas tanto de Orsi como de la propia Lustemberg, el gesto político representa una desautorización explícita

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Presidente Orsi y ministra Lustemberg - Foto: Presidencia

La decisión del presidente Yamandú Orsi de dejar sin efecto la resolución de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y restituir la inhabilitación por cinco años a la anestesista María Inés Miralles —condenada por homicidio culpable tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera— ha desatado una tormenta política de proporciones inéditas en la actual administración. La medida presidencial, adoptada tras analizar un contundente informe de la división Jurídica del propio Ministerio de Salud Pública (MSP), no solo repara una resolución cuestionada desde lo técnico y lo ético, sino que deja a la titular de la cartera en una posición de extrema vulnerabilidad institucional frente al Parlamento y la opinión pública.

En un proceso abreviado acordado con la Fiscalía, Miralles fue condenada en diciembre de 2025 por el delito de homicidio culpable a dos años de prisión, sustituyéndose con libertad a prueba y régimen de arresto domiciliario por ocho meses.

En su edición de este miércoles 11 de noviembre, el diario El País, señala: Para la resolución de Presidencia, a partir de un recurso de revocación presentado por Rosario Barrera, madre de la víctima, se tomaron en consideración nuevos “hechos que ameritan reconsiderar la sanción oportunamente dispuesta, fundamentalmente al dictado de la sentencia del 18 de diciembre de 2025 que homologó el acuerdo abreviado promovido por Fiscalía de Flagrancia de 9° turno condenando a Miralles como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable.

El origen de la controversia y el quiebre institucional

El conflicto se desencadenó cuando el MSP resolvió rebajar de cinco a tres años la sanción profesional impuesta a Miralles. Según trascendió, dicha flexibilización provocó un rechazo inmediato en el ámbito sanitario: 11 de los 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública presentaron su renuncia en señal de disconformidad con el criterio ministerial.

La intervención directa de Presidencia para revertir la decisión de una ministra en funciones constituye un hecho poco frecuente en la historia política reciente del Uruguay. Si bien la nueva resolución lleva las firmas tanto de Orsi como de la propia Lustemberg, el gesto político representa una desautorización explícita. Pese al revés, la secretaria de Estado ha optado por permanecer en el cargo, mientras desde el Partido Nacional ya se confirmó la convocatoria a una interpelación parlamentaria, argumentando la existencia de lo que califican como un “collar de irregularidades, contradicciones y desprolijidades” en el manejo del expediente.

La contundencia de las pruebas periciales

El respaldo técnico que llevó a Orsi a restablecer la pena máxima de inhabilitación administrativa surge de los informes elaborados por el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como del sumario interno realizado por el Servicio Médico Integral (SMI), institución que en junio de 2026 desvinculó a Miralles alegando “pérdida de confianza”.

Los antecedentes del caso, que se remontan a una cirugía de vesícula realizada en octubre de 2023 en la que Barrera sufrió un paro cardíaco y un daño encefálico irreversible que derivó en su fallecimiento diez meses después, revelan una cadena de fallas graves acreditadas en las actuaciones:

  • Abandono del block quirúrgico: Las investigaciones constataron que la anestesióloga se retiró de la sala de operaciones durante un tiempo indeterminado, sin dar aviso al equipo médico ni dejar un profesional reemplazante a cargo del monitoreo de la paciente. (De acuerdo con reportes de El Observador, la hipótesis principal investigada vincula esa ausencia con el presunto consumo de fentanilo en el baño).

  • Maniobras inadecuadas: La junta médica forense determinó que la paciente fue extubada de forma inapropiada dentro de la sala de operaciones, extremo que quedó evidenciado por la necesidad de reintubarla de urgencia en la misma área quirúrgica.

  • Alteración de registros: Los peritos señalaron la existencia de “modificaciones” posteriores en los registros de la historia clínica de la paciente fallecida, además de contradicciones en los testimonios recogidos durante el sumario.

En su conclusión, los especialistas forenses fueron categóricos al señalar que el accionar de Miralles representó un grave “apartamiento de la conducta esperada para la media de un especialista en anestesiología”.

El debate sobre los límites de la habilitación profesional

Más allá del costo político que deberá afrontar la ministra Lustemberg en la interpelación y del desgaste generado en la interna del Poder Ejecutivo, el caso abre una discusión de fondo sobre los criterios de fiscalización y sanción de la mala praxis médica en el país.

El reclamo de Rosario Barrera, madre de la médica fallecida, quien cuestionó la falta de contacto por parte de las autoridades ministeriales y expresó su deseo de que la profesional condenada no vuelva a ejercer, sintetiza una interrogante instalada en la sociedad: si una sanción temporal de cinco años resulta suficiente o proporcional frente a una condena penal por homicidio culpable en la que se comprobaron abandono de funciones y alteración de documentos clínicos, o si el sistema requiere mecanismos más estrictos para garantizar la seguridad de los pacientes antes de habilitar el regreso de un profesional a un quirófano.

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