El gobierno encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva avanza en la implementación de la reforma tributaria en Brasil. En ese marco, a partir de febrero de 2027 comenzará a cobrarse el Impuesto Selectivo (IS), popularmente conocido como el “Impuesto al Pecado”. Se trata de un gravamen federal diseñado para desalentar el consumo e impacto de bienes, productos y servicios que generan efectos nocivos sobre la salud o el medio ambiente.
El IS se aplicará sobre la producción, extracción, comercialización o importación de los ítems regulados, cobrándose una única vez a lo largo de toda la cadena económica, sin opción a acreditar transacciones previas. Este tributo sumará una carga impositiva adicional a la nueva estructura impositiva del país.
Productos y actividades gravadas
Entre los bienes y servicios sujetos a las nuevas alícuotas se incluyen:
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Cigarrillos y productos derivados del tabaco.
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Bebidas alcohólicas.
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Bebidas azucaradas (como refrescos y gaseosas).
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Vehículos de motor, aeronaves y embarcaciones.
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Recursos minerales como petróleo, mineral de hierro, carbón y gas natural.
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Concursos de predicción, loterías y apuestas.
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Deportes de fantasía (competiciones deportivas virtuales).
Las principales objeciones y críticas al nuevo tributo
La medida ha generado alarma y debate entre economistas, empresarios y analistas del sector, dado que algunas alícuotas podrían alcanzar hasta un 67%. Las principales críticas señaladas son:
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Mayor presión fiscal: Brasil ya posee una de las cargas impositivas más elevadas de la región; la suma de nuevos gravámenes encarece los costos productivos y puede deprimir la actividad económica y el empleo, según analistas.
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Fines recaudatorios sobre la salud pública: Analistas cuestionan que, bajo el argumento de reducir consumos nocivos, el tributo busca en la práctica cubrir el déficit fiscal y compensar los ingresos de la Unión.
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Impacto regresivo en el consumo: El fuerte incremento en precios de productos de consumo masivo y tradicional golpeará el bolsillo de la población y afectará severamente a sectores como la industria cervecera, tabacalera y el comercio.
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Riesgo de contrabando y mercado informal: Al subirse de manera drástica los precios, se genera un incentivo directo para la falsificación, el contrabando y la informalidad comercial.
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Costos operativos e incertidumbre: Las empresas de logística, importación y distribución deberán afrontar una adaptación normativa compleja que elevará los costos operacionales y complicará la planificación financiera.
