Cuando Alexandre de Moraes —el juez más desprestigiado de la Corte Suprema de Brasil (STF)— se lanzó abiertamente contra el entorno del expresidente Jair Bolsonaro, al tiempo que se dejaba ver sin disimulo en reuniones secretas con Luiz Inácio Lula da Silva, el mundo entendió que la independencia de poderes en el gigante sudamericano se había convertido en una farsa. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) procedió a cooptar la Primera Sala del Tribunal Supremo, acomodando allí a jueces aliados para blindarse ante cualquier imprevisto judicial.
No se trata de defender incondicionalmente a Flávio Bolsonaro, pero resulta innegable que existen sospechas fundadas sobre un Poder Judicial que actúa sometido y alineado a los intereses del Poder Ejecutivo.
El perfil de Moraes añade aún más sombras al escenario. Hablamos de un magistrado bajo la lupa por su estrecha relación con el exdueño del Banco Master, Daniel Vorcaro —empresario hoy detenido tras protagonizar una megaestafa que ha escandalizado al país—. En este entramado, la esposa del propio juez, Viviane Barci de Moraes, firmó un contrato multimillonario de asesoría con Vorcaro, acuerdo que, según trascendió, fue redactado por el propio Moraes. Todo debe ser puesto sobre la mesa.
Bajo este esquema, las acusaciones contra Flávio Bolsonaro no pueden ser juzgadas con imparcialidad ni por Alexandre de Moraes ni por la Primera Sala del STF, integrada por ministros cuya fidelidad política a Lula es inocultable:
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Cristiano Zanin: Exabogado defensor de Lula en las causas de corrupción que lo llevaron a prisión (de las cuales no fue absuelto por inocencia, sino liberado mediante un tecnicismo sobre la jurisdicción del tribunal).
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Flávio Dino: Exministro de Justicia del actual gobierno de Lula, exmilitante del Partido Comunista y recientemente colocado por el mandatario en la Corte.
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Cármen Lúcia: Magistrada nombrada originalmente por Lula durante su primer mandato.
Flávio Bolsonaro sabía perfectamente que, de perder las elecciones, Moraes y su troupe irían por él. La fuga terminó siendo su última opción de resguardo ante una Sala del STF donde la imparcialidad no existe.
Lo verdaderamente escandaloso es la doble moral del oficialismo. Lula no tardó en calificar el escape del hijo del expresidente como un “acto vergonzoso”. Sin embargo, exhibiendo el doble rasero que ya es sello distintivo de su política exterior, el presidente brasileño no dudó en defender y acoger políticamente a su aliado Rafael Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana tras ser condenado a 8 años de cárcel por corrupción en el emblemático Caso Sobornos.
Una doble vara inexplicable y destructiva para la credibilidad institucional de la región: para los enemigos políticos, el peso del mazo represivo de una justicia adicta; para los amigos ideológicos, la impunidad y la complicidad del poder.
