La modificación legal eleva la pena máxima por estos homicidios, que anteriormente alcanzaba los 30 años de prisión, y se enmarca en la estrategia de seguridad del presidente Nasry Asfura, orientada a intensificar el combate contra las estructuras criminales. Su política sigue una línea de endurecimiento penal similar a la impulsada por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele.
En Honduras, organizaciones como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 están vinculadas a actividades delictivas que incluyen el narcotráfico y la violencia homicida. El país registra una tasa de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes, un indicador que refleja la magnitud del desafío de seguridad que enfrenta el Estado.
Tatuajes como prueba de asociación terrorista
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la posibilidad de presentar tatuajes identificados como característicos de las pandillas como evidencia en procesos por asociación terrorista. Este delito contempla penas de entre 30 y 40 años de prisión.
La normativa establece que un peritaje policial determinará si los tatuajes guardan relación con organizaciones criminales. De esta manera, los elementos gráficos asociados a las maras podrán incorporarse a las investigaciones judiciales como indicios para sustentar acusaciones.
Sin embargo, el uso de estas marcas corporales como evidencia plantea interrogantes sobre los criterios para establecer una vinculación efectiva con una estructura delictiva. En El Salvador, organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado detenciones de personas por sospechas relacionadas con sus tatuajes, incluso en casos en que estos no tendrían relación con pandillas.
Las reformas también autorizan a las fuerzas de seguridad a ingresar y registrar inmuebles sin una orden judicial cuando consideren que en su interior se encuentran integrantes de estas organizaciones. La medida amplía las facultades de intervención policial en el marco de las operaciones contra el crimen organizado.
Debate por las garantías constitucionales
Aunque las modificaciones reunieron una amplia mayoría parlamentaria, nueve diputados del partido Libre, de izquierda y anteriormente en el Gobierno, se abstuvieron de votar. La decisión reflejó las objeciones planteadas sobre la necesidad y el alcance de las nuevas disposiciones.
La diputada Clara López sostuvo que las reformas generan preocupación por su compatibilidad con la Constitución y los derechos humanos. Según afirmó, la Corte Suprema de Justicia considera que las medidas vulneran garantías constitucionales y cuestionó que el Estado necesite nuevas herramientas legales para combatir a las pandillas.
El endurecimiento legislativo se suma a otras acciones promovidas por la Administración de Asfura, entre ellas la clasificación de las pandillas como organizaciones terroristas, el aislamiento de reclusos y la eliminación de medidas alternativas a la prisión para determinados delincuentes.
