Milei abre una nueva vía hacia la ciudadanía argentina sin residencia previa y con inversiones desde US$350.000

El Gobierno de Javier Milei presentó en París un programa que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina mediante aportes al Tesoro o la adquisición de un título público. Las primeras solicitudes podrán tramitarse a partir del cuarto trimestre de 2026 y estarán sujetas a controles de seguridad, origen de fondos y antecedentes.

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Casa Rosada, sede del Gobierno argentino - Foto: ICN Diario

El Gobierno argentino presentó en la capital francesa su nuevo Programa de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa destinada a extranjeros que quieran solicitar la nacionalidad argentina a cambio de realizar una inversión económica determinada. El esquema contempla aportes desde US$350.000 y comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante una presentación en la Embajada argentina en París, en el marco de la denominada Argentina Week París, encuentro destinado a mostrar las oportunidades de inversión del país ante capitales internacionales.

Caputo sostuvo que el programa pretende incrementar el interés internacional por Argentina y explicó que su diseño comenzó a desarrollarse hace aproximadamente dos años, a partir del interés de potenciales solicitantes extranjeros por obtener la ciudadanía del país.

Durante la presentación, el ministro vinculó la iniciativa con la posición que Argentina busca consolidar en el escenario internacional bajo la presidencia de Javier Milei. En ese contexto, afirmó que el país constituye actualmente “un faro de libertad e inversión en el mundo”.

Dos vías de inversión para el solicitante principal

El nuevo esquema establece dos mecanismos para el solicitante principal. El primero contempla un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional.

La segunda alternativa consiste en suscribir por US$800.000 un título público creado específicamente para el programa.

El Gobierno también incorporó diferentes montos para los familiares que formen parte de la solicitud. El cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años podrán acceder mediante un aporte de US$100.000 por persona, siempre que estos últimos sean solteros y no tengan hijos.

En el caso de los hijos menores de 18 años, el importe establecido será de US$25.000. Así, una familia compuesta por el solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podría realizar aportes por un total de US$500.000.

La iniciativa tiene como antecedente una modificación del régimen de ciudadanía realizada en 2025, cuando Argentina incorporó la posibilidad de que determinados extranjeros que acrediten una inversión considerada relevante puedan solicitar la nacionalidad sin tener que cumplir previamente el requisito general de residencia.

La inversión no garantiza automáticamente la ciudadanía

El desembolso económico, sin embargo, no supondrá la concesión automática de la ciudadanía argentina. Cada expediente deberá atravesar un proceso de evaluación antes de que pueda ser aprobado.

La revisión estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo que analizará las solicitudes y posteriormente elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones.

El procedimiento incluirá controles sobre la identidad del solicitante, el origen y la trazabilidad de los fondos, su situación patrimonial y financiera, el riesgo asociado a su jurisdicción de procedencia, sus antecedentes penales y reputacionales y su historial migratorio.

El proceso también contempla la participación de organismos como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.

La normativa permite además solicitar información a organismos públicos y entidades privadas para determinar si la concesión de la ciudadanía podría generar riesgos para la seguridad o los intereses nacionales.

Una vez completadas las verificaciones, la Agencia deberá recomendar la aprobación o el rechazo de cada expediente. La decisión final corresponderá a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá la facultad de aceptar o denegar la solicitud.