BUENOS AIRES. — La reaparición del corporativismo judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vuelve a encender las alarmas sobre el verdadero rumbo del Poder Judicial y el estado de indefensión en el que se encuentran los ciudadanos frente al delito. La reciente manifestación de respaldo a la jueza Laura De Marinis por parte de 91 magistrados del Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA, junto con entidades como la Red Argentina de la Magistratura de Niñez y Familias y el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales (COPAJU), deja al descubierto un mecanismo institucional que se activa rápidamente para blindar a sus pares, pero que reacciona con insensibilidad y lentitud cuando se trata de proteger a las víctimas.
El accionar atribuido a De Marinis —asociado históricamente a la doctrina del garantismo zaffaroniano— representa una concepción del derecho penal e institucional donde la tutela estatal se inclina desproporcionadamente en favor del imputado o delincuente. Bajo esta perspectiva, los derechos garantizados por la Constitución parecen transformarse en un escudo de impunidad para los victimarios, mientras las víctimas y la sociedad civil quedan reducidas a meros espectadores desprotegidos ante la escalada delictiva.
Coincidiendo con lo que pide el Foro de São Paulo
Este alineamiento corporativo trasciende lo meramente gremial o colegiado; para diversos analistas y sectores sociales, responde a una estrategia de penetración y control institucional explícitamente formulada en ámbitos ideológicos de la región. Cabe recordar lo manifestado durante el XXIII Encuentro del Foro de São Paulo en Managua (2017), donde se asentó con crudeza la consigna de que la izquierda debía abocarse a “la toma de todas las instituciones”, destacando estratégicamente al Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación como objetivos prioritarios para afianzar proyectos políticos por encima de las alternancias electorales:
“La izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación. La izquierda debe aprovechar las jornadas electorales como tribuna para denunciar a la derecha y posicionar su proyecto…”
La nómina de magistrados y organismos que estamparon su firma en las cartas de solidaridad hacia De Marinis expone con nombres y apellidos una preocupante homogeneidad ideológica en sectores clave de la administración de justicia. Cuando los jueces priorizan la lealtad de estamento y las afinidades doctrinales por encima de la demanda social de seguridad y justicia, el pacto democrático se resquebraja. El mensaje que se envía a la ciudadanía es devastador: en el fuero judicial argentino, las garantías y la solidaridad institucional parecen estar reservadas para quienes quebrantan la ley o la aplican con sesgo, dejando al ciudadano honesto a merced de la delincuencia.
El apoyo a De Marinis cuenta con un total de 91 adhesiones de jueces y juezas porteños. Entre las firmas figuran magistrados como Juan José Albornoz, Karina Andrade, Javier I. Barraza, Pablo Casas, Andrea Danas, Sergio Delgado, Ramiro dos Santos Freire, Andrés Gallardo, Elena Liberatori, Patricia López Vergara, Pablo Mántaras, Gabriela Marquiegui Mc Loughlin, Gustavo D. Moreno, Alejandra Petrella, Daniela Rezzonico, Fabiana Schafrik, Romina Surace, Martín Taboada Abreu, Víctor Trionfetti, Paula Vaca y Hugo Zuleta, entre otros.
