El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, lanzó una dura advertencia sobre la situación política e institucional de Nicaragua y sostuvo que el país atraviesa un proceso de concentración de poder que ha reducido de manera drástica los espacios para la oposición, la sociedad civil y los medios independientes.
Durante la presentación de un nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos, Türk afirmó que la situación es “completamente indefendible” y describió un escenario marcado por el debilitamiento progresivo de las instituciones democráticas y del Estado de derecho. El documento examina el período comprendido entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026.
Según el informe, durante los últimos ocho años 5.539 entidades habrían sido disueltas de manera arbitraria, mientras que al menos 56 medios de comunicación fueron clausurados, en un contexto que Naciones Unidas vincula con la reducción del pluralismo y de la participación independiente.
Reformas constitucionales bajo cuestionamiento
Uno de los principales focos de preocupación está en las reformas constitucionales aprobadas en primera lectura por el Parlamento el pasado 1 de septiembre. De acuerdo con Naciones Unidas, las modificaciones podrían excluir a fuerzas opositoras organizadas de futuras elecciones y volver a modificar el calendario electoral, trasladando los comicios hasta 2028.
El informe sostiene además que las reformas contemplan la extensión del mandato de distintas autoridades electas, incluida la Presidencia, hasta siete años.
La concentración institucional también alcanza a los gobiernos locales. El partido gobernante controla actualmente el Poder Legislativo, los 153 municipios y los dos consejos regionales de las regiones autónomas de la costa Caribe.
A ello se suma la Ley Orgánica número 1259, adoptada en 2025, que, según el informe, situó importantes organismos de supervisión bajo la autoridad presidencial, reduciendo los mecanismos institucionales de control.
ONU alerta por detenciones y desapariciones
La situación de los derechos humanos constituye otro de los ejes centrales del documento. Organizaciones de la sociedad civil citadas en el informe señalaron que, al término del período analizado, al menos 46 personas permanecían detenidas.
La Oficina del Alto Comisionado identificó además ocho casos de desaparición forzada que continuarían abiertos y cuatro muertes ocurridas bajo custodia estatal.
Naciones Unidas advierte, sin embargo, que estas cifras no representan necesariamente la totalidad de los casos debido a las restricciones de acceso al país, la falta de cooperación de las autoridades y el temor de víctimas y testigos a sufrir represalias. El organismo sostiene que el número real podría ser superior.
Türk pidió a las autoridades nicaragüenses liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente y adoptar medidas para revertir esta situación.
Represión también fuera de Nicaragua
El informe también documenta lo que describe como represión transnacional contra periodistas, defensores de derechos humanos, críticos del Gobierno y personas consideradas opositoras que permanecen en el exilio.
Entre las medidas señaladas figuran confiscaciones de bienes, pérdida de pensiones o empleos y restricciones para acceder a determinados servicios sociales. El documento sostiene que las confiscaciones judiciales se habrían utilizado de manera sistemática contra opositores políticos reales o percibidos, empresarios, organizaciones independientes, instituciones religiosas y determinadas entidades privadas.
Naciones Unidas ya ha documentado anteriormente denuncias relacionadas con la cancelación de la personalidad jurídica de miles de organizaciones y con restricciones sobre derechos como la libertad de expresión, asociación y participación política.
