El exgobernador de Entre Ríos y exembajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, fue detenido por las fuerzas de seguridad para cumplir de manera efectiva su condena a ocho años de cárcel por delitos de corrupción y negociaciones incompatibles con la función pública. La detención se llevó a cabo tras la orden emitida por la Justicia provincial, disponiendo su traslado a la Unidad Penal N° 1 de Paraná luego de desestimarse las últimas impugnaciones de su defensa.
El procedimiento se ejecutó como consecuencia directa del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó los recursos presentados por la defensa del exmandatario y dejó firme la sentencia emitida por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. La causa probó el direccionamiento sistemático de contratos de publicidad oficial y contrataciones irregulares —entre ellas las vinculadas a la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014— para el desvío de fondos públicos durante sus gestiones de gobierno.
Junto con el exgobernador, la resolución judicial ratificó las condenas del resto de los imputados en la misma red de contratación. En consecuencia, también fueron detenidos su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, Pedro Báez, señalados como actores clave en la estructura de desvío de dinero estatal hacia empresas y proveedores vinculados.
Vínculo político y renuncia al cargo diplomático
Urribarri fue una figura central del kirchnerismo en la región del Litoral y un firme aliado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante la administración de Alberto Fernández fue designado como embajador argentino en Israel, posición que ocupó hasta abril de 2022.
En aquel momento, tras recibir el primer fallo condenatorio a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, Urribarri puso su dimisión a disposición a través de su cuenta de Twitter, la cual fue formalmente aceptada por el Poder Ejecutivo nacional.
La ejecución de esta condena firme representa un hito clave en las investigaciones sobre delitos contra la administración pública en la Argentina.
