La publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 681/2026, de España, aprobado el pasado 25 de agosto, ha terminado de consagrar una fractura profunda y dolorosa en la cotidianidad de Ceuta. Lejos de aportar tranquilidad o soluciones estructurales, la nueva disposición del Gobierno central certifica una distancia alarmante entre la agenda política y la realidad que se vive a pie de calle. Al definir de forma expedita un catálogo de instalaciones y terrenos habilitados —desde el antiguo hospital militar y parcelas de Defensa hasta pabellones polideportivos— para alojar a los migrantes en situación irregular que permanecían en la vía pública, el Estado vuelve a demostrar dónde se sitúan sus prioridades inmediatas.
La paradoja resulta hiriente para las familias de la ciudad autónoma. Para los hijos de Ceuta, la cobertura social se ha convertido en una carrera de obstáculos permanente: plazas públicas de guardería insuficientes, becas de comedor escolar que no alcanzan a todas las necesidades y una perceptible pérdida de tranquilidad en los parques y espacios comunitarios. Resulta incomprensible que, mientras los niños ceutíes pierden el acceso a los polideportivos de su ciudad —reconvertidos en centros de acogida para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad a quienes han entrado de forma ilegal—, sus familias asistan al deterioro continuado del entorno urbano y a una sensación de desprotección que lleva a muchos vecinos a recluirse en sus propias casas por temor a desmanes e incidentes.
A esta ecuación de agravios se suma la actuación de determinados actores internacionales. Resulta revelador el despliegue de la ONG alemana Mission Lifeline, que no ha dudado en instalar generadores y puntos de carga para teléfonos móviles en la zona del Trampolín para facilitar la estancia de los migrantes, mientras obvia por completo el impacto y la inquietud que esta dinámica genera en la población local. Cabe preguntarse dónde quedan los recursos, la atención y el amparo para los ciudadanos que sufren la presión diaria en sus barrios y ven desatendidas sus demandas de seguridad y convivencia pacífica.
Ceuta no puede quedar relegada al papel de mero receptáculo de decisiones ejecutadas a espaldas de sus habitantes. Garantizar el orden constitucional y la seguridad de los ceutíes debe ser la primera obligación insustituible del Ejecutivo. Ninguna política de gestión migratoria es válida si se levanta a costa del repliegue de las familias locales, de la merma de sus servicios públicos y del abandono de quienes sostienen la ciudad día a día. Es hora de exigir un giro firme que restituya la prioridad a los ciudadanos de Ceuta y devuelva la certidumbre a sus calles.
Nota de la redacción: Tras la crisis migratoria y la entrada masiva de personas a finales de julio de 2026, la Fiscalía de Ceuta ha registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, además de un repunte en robos y múltiples ataques a los agentes de seguridad por parte de los inmigrantes ilegales.
Esta madre española define perfectamente lo que es Pedro Sánchez.
Como ella son millones las mujeres que están hartas de comprobar como para este Gobierno sus hijos son los últimos en todo: para acceder a las plazas de guarderías públicas, para becas del comedor, para… pic.twitter.com/THfqyJwVgL
— VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 26, 2026
