La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, solicitó al Congreso facultades legislativas especiales para enfrentar el avance del crimen organizado y responder a la creciente inseguridad que afecta a Lima y otras ciudades del país.
La petición, aprobada previamente por el Consejo de Ministros, contempla más de 60 materias que el Ejecutivo espera que sean analizadas con prioridad por el Parlamento. El objetivo, según explicó la mandataria, es acelerar la capacidad de acción del Estado en áreas consideradas urgentes, entre ellas la seguridad ciudadana, la respuesta ante el fenómeno de El Niño, la reducción de trabas burocráticas y la mejora en la prestación de servicios públicos.
Durante declaraciones realizadas en el Aeropuerto Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa, Fujimori expresó su confianza en que el Congreso evalúe la solicitud considerando las principales demandas de la ciudadanía.
La jefa de Estado hizo un llamado a que el debate parlamentario combine rapidez y responsabilidad, insistiendo en que el país necesita herramientas que permitan transformar los recursos públicos en soluciones concretas y acelerar la ejecución de obras y proyectos.
“Apelo a la objetividad, al sentido común y a la gran demanda de los ciudadanos para que podamos ponernos a trabajar, poner el Estado a mayor velocidad y utilizar los recursos que tenemos para convertirlos en obras”, sostuvo la mandataria.
Fujimori también aclaró que la propuesta enviada al Congreso no contempla una reducción ni una fusión de ministerios, descartando que las facultades solicitadas tengan como objetivo modificar la actual estructura del Ejecutivo.
Seguridad y crisis penitenciaria entre las prioridades
Uno de los principales pilares del pedido de facultades está centrado en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, explicó que el Gobierno busca comenzar a resolver problemas estructurales que durante décadas han afectado al sistema judicial y penitenciario peruano.
Entre las materias prioritarias figura el hacinamiento en las cárceles y la necesidad de establecer una mejor separación entre delincuentes primarios e internos considerados de mayor peligrosidad. El Ejecutivo también pretende fortalecer las capacidades de la Policía Nacional en materia de detenciones e investigaciones preliminares.
La iniciativa incluye, además, mecanismos para mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de perseguir el delito, especialmente la Policía, el Ministerio Público y el sistema judicial, con el propósito de agilizar los procesos y permitir que los casos lleguen ante los tribunales con mayores antecedentes y respaldo.
Fujimori defiende los primeros 30 días de Gobierno
La presidenta también realizó un balance de sus primeras semanas al frente del Gobierno, período que calificó como intenso debido a la necesidad de responder a diversas emergencias registradas en el país.
Entre las acciones destacadas mencionó las medidas adoptadas tras los sismos que afectaron a Chongos Bajos y Chongos Altos, donde se implementaron módulos educativos, viviendas temporales y procesos de entrega de títulos de propiedad.
Asimismo, destacó la respuesta frente a los daños provocados por la DANA en Villa El Salvador, que incluyó la rehabilitación de tres establecimientos educacionales, además de los trabajos para recuperar la transitabilidad de la carretera Panamericana en la región de Arequipa.
Sin embargo, Fujimori reconoció que todavía existen procedimientos estatales que requieren una mayor rapidez y aseguró que las facultades legislativas permitirían reducir los tiempos de respuesta ante situaciones urgentes.
La mandataria insistió en que su administración busca fortalecer la capacidad operativa del Estado para enfrentar tanto las emergencias como los problemas cotidianos que afectan a la población.
