La Policía Nacional ha desarticulado una presunta organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así como a delitos relacionados con la prostitución y contra la salud pública. La operación se saldó con cinco detenidos y permitió destapar un entramado que captaba principalmente a mujeres sudamericanas en situación de vulnerabilidad, trasladándolas hasta España para explotarlas en dos prostíbulos ubicados en Soria y Burriana, en la provincia de Castellón.
La investigación comenzó el pasado mes de febrero, después de que una de las víctimas denunciara haber sido captada en su país de origen y trasladada a España con el propósito de someterla a explotación sexual. A partir de ese testimonio, los investigadores reconstruyeron el funcionamiento de una estructura que contaba con funciones diferenciadas para captar, trasladar, alojar, controlar y explotar a las mujeres.
Los agentes identificaron además a un integrante que presuntamente desempeñaba las funciones de dirección y coordinación de toda la organización. La red no solo incorporaba víctimas procedentes de Sudamérica, sino que también captaba a mujeres que ya residían en España mediante el sistema conocido como “plazas”, bajo la apariencia de ofrecerles alojamiento temporal cuando, en realidad, los inmuebles eran utilizados para la prestación de servicios sexuales.
El dinero obtenido de los servicios era repartido entre las víctimas y la organización, que se quedaba con la mitad de los ingresos. La propia dinámica de captación se extendía a través de las mujeres explotadas, que eran utilizadas como vía de contacto con otras personas que se encontraban en circunstancias económicas o personales precarias.
Uno de los elementos más llamativos descubiertos durante las pesquisas fue el empleo de rituales de santería como herramienta de sometimiento psicológico. Según la investigación, los responsables aprovechaban la familiaridad de estas prácticas en los países de procedencia de las víctimas para reforzar su control y mantenerlas bajo la influencia de la organización.
La estructura también habría diseñado mecanismos para aparentar una actividad legal. Las mujeres eran obligadas a firmar contratos de arrendamiento con los que se pretendía encubrir la verdadera naturaleza de los inmuebles. Sin embargo, las habitaciones eran utilizadas exclusivamente para atender a clientes y las víctimas no podían emplearlas como espacios de descanso.
Las condiciones en las que permanecían las mujeres evidenciaban, según los investigadores, el grado de sometimiento al que estaban expuestas. Debían dormir en una zona común habilitada con varias camas y un sofá y permanecer disponibles de manera prácticamente permanente para atender a los clientes. En algunos casos, además, habrían sido obligadas a mantener relaciones sexuales sin preservativo o a consumir drogas cuando así lo solicitaban los clientes.
La organización también habría suministrado medicamentos destinados al tratamiento de la disfunción eréctil para su posterior venta y utilización durante los servicios sexuales. Los beneficios eran gestionados mediante pagos en efectivo y operaciones realizadas a través de terminales de cobro con tarjeta instalados en los propios establecimientos.
La operación culminó con la detención de cinco personas: tres en la provincia de Soria, una en Burgos y otra en Murcia. Los agentes realizaron además dos registros en los inmuebles utilizados por la organización, donde localizaron documentación relacionada con la explotación sexual de las mujeres y medicamentos destinados a su comercialización entre los clientes.
Tras las actuaciones policiales, la autoridad judicial decretó medidas cautelares sobre uno de los inmuebles investigados. La operación permitió así desarticular una estructura que, de acuerdo con las pesquisas, combinaba la captación de mujeres extranjeras vulnerables con mecanismos de control psicológico y económico para mantener un sistema organizado de explotación sexual.
