El presidente de Chile, José Antonio Kast, firmó este lunes en el Palacio de La Moneda el proyecto de Reforma Constitucional Pro Seguridad, una de las principales iniciativas de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada por el Ejecutivo durante la primera semana de agosto.
La reforma pretende modificar la Constitución para reforzar las atribuciones del Estado frente al avance del crimen organizado y el terrorismo. Entre sus principales propuestas se encuentra establecer de manera explícita que garantizar la seguridad pública constituye un deber del Estado, otorgándole así una relevancia constitucional que busca fortalecer la respuesta institucional frente a las organizaciones delictivas.
Uno de los elementos centrales del proyecto es la creación de un nuevo estado de excepción destinado a enfrentar situaciones de extrema gravedad provocadas por grupos criminales o terroristas. Bajo esta figura, el Presidente podría disponer medidas extraordinarias en barrios, polígonos o territorios donde estas organizaciones hayan alcanzado un nivel de control que represente una amenaza significativa para la seguridad pública.
La propuesta contempla que este régimen tenga una duración limitada y que sus eventuales renovaciones requieran la aprobación del Congreso. Durante su vigencia, las Fuerzas Armadas podrían colaborar con las policías en labores de vigilancia, apoyo logístico, control de perímetros y asistencia técnica. También se contempla la posibilidad de establecer restricciones al desplazamiento y a las reuniones, además de ampliar las facultades estatales para requisar determinados bienes y acceder a información de telecomunicaciones en los casos contemplados por la reforma.
El proyecto también plantea la creación de un registro oficial de organizaciones criminales y terroristas. La calificación de estas agrupaciones quedaría sujeta a una decisión fundada del Ejecutivo y al control del Senado, sobre la base de criterios establecidos legalmente.
Otro de los ejes de la reforma apunta directamente al sistema penitenciario. El Gobierno propone establecer regímenes diferenciados para los integrantes que ejerzan posiciones de liderazgo dentro de organizaciones criminales o terroristas, con el objetivo de reducir su capacidad para continuar dirigiendo actividades delictivas desde los centros de reclusión.
La iniciativa incorpora además modificaciones destinadas a facilitar la incautación y posterior liquidación de bienes vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. El Ejecutivo sostiene que atacar el patrimonio de estas estructuras constituye una herramienta fundamental para debilitar su capacidad económica y operativa.
Durante la ceremonia en el Patio de las Camelias de La Moneda, Kast defendió la necesidad de profundizar las medidas contra las organizaciones criminales y afirmó que el Gobierno debe mantener como objetivo central la recuperación de la seguridad para los ciudadanos.
El mandatario sostuvo que la pérdida de seguridad puede terminar afectando no solo la libertad individual, sino también el funcionamiento de las instituciones democráticas, al advertir sobre el riesgo de que grupos criminales lleguen a controlar territorios, acumulen capacidad de fuego y ejerzan influencia sobre instituciones públicas.
La Reforma Constitucional Pro Seguridad se integra en una estrategia más amplia del Ejecutivo. La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo contempla actualmente el impulso de más de 20 proyectos de ley que ya se encuentran en tramitación en el Congreso, además del próximo ingreso de al menos una docena de nuevas iniciativas.
