Una serie de investigaciones judiciales de alto perfil amenaza con desestabilizar la carrera electoral del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Las pesquisas de la Policía Federal (PF), que salpican de manera directa a su exjefe de gabinete, al vicelíder del Gobierno en el Senado y a su propio hijo, han encendido las alarmas en el Palacio de Planalto en un momento político crucial.
El frente más sensible para el círculo cercano del mandatario involucra a Marco Aurélio Santana Ribeiro, conocido popularmente como “Marcola”, exjefe de gabinete de Lula. Una investigación de la Policía Federal reveló que la empresaria Roberta Luschinger —investigada por un presunto fraude al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)— pagó facturas personales de Marcola durante el segundo semestre de 2024. Aunque el equipo de defensa del exfuncionario no se ha pronunciado oficialmente, Marcola admitió mediante un comunicado haber recibido transferencias de la empresaria en calidad de “préstamo personal”, asegurando en una declaración posterior haber devuelto 249.000 reales, aunque sin precisar si ese monto saldaba la totalidad de la deuda.
Tras darse a conocer los hechos, Lula intentó rebajar la tensión política y respaldó públicamente a su colaborador durante un encuentro con sus aliados: “¿Quién no le ha pedido nunca un préstamo a un amigo?”, argumentó el mandatario.
Paralelamente, la presión judicial ha tocado las fibras más íntimas del entorno presidencial tras la decisión del Tribunal Supremo Federal (STF) de autorizar a la Policía Federal a abrir una investigación formal contra Fábio Luís da Silva, “Lulinha”, de 51 años, primogénito del mandatario. Las autoridades indagan indicios de corrupción y tráfico de influencias, sospechando que Lulinha habría intercedido en favor de un empresario para facilitar la firma de contratos de su compañía de medicamentos a base de cannabis medicinal con el sistema público de salud, utilizando presuntamente su influencia para abrir puertas en el Ministerio de Salud y la Presidencia.
Ante la gravedad de las imputaciones, Lula se ha desmarcado institucionalmente afirmando que su hijo tendrá que probar su inocencia y garantizando que no utilizará su cargo presidencial para protegerlo.
A este complejo escenario se suma la situación del senador Weverton Rocha (PDT-MA), vicelíder del gobierno de Lula en el Senado, a quien la Policía Federal sitúa en el centro de una red de corrupción y lavado de dinero. En el marco de una nueva fase de la “Operación Sem Desconto”, las autoridades investigan un entramado para defraudar al INSS mediante deducciones indebidas e ilegales aplicadas directamente a los haberes de jubilados y pensionistas.
Por orden del magistrado del STF, André Mendonça, la policía ejecutó órdenes de registro e incautación contra personas físicas y jurídicas vinculadas al parlamentario en el Distrito Federal y el estado de Maranhão, respaldadas por pruebas obtenidas del propio teléfono móvil del senador que revelarían maniobras para ocultar fondos de origen ilícito.
Con múltiples ramificaciones judiciales activas y la sombra del fraude al INSS sobre importantes figuras de su esquema político y familiar, la administración de Lula enfrenta uno de sus momentos más delicados, obligada a gestionar un desgaste institucional acumulado en plena contienda electoral.
