Haití dio un paso histórico en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género con la puesta en marcha de los primeros refugios especializados del país, una iniciativa respaldada por el Estado haitiano y ONU Mujeres que llega en uno de los momentos más críticos de la crisis humanitaria que atraviesa la nación caribeña.
Los nuevos centros de acogida, promovidos por el Ministerio de Protección Social y Derechos de la Mujer con apoyo de Naciones Unidas, buscan ofrecer atención integral y espacios seguros para mujeres y niñas afectadas por la violencia sexual. Sin embargo, su apertura también refleja la gravedad de una problemática que continúa agravándose a medida que la inseguridad se expande por el territorio.
Durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra, la representante de ONU Mujeres en Haití, Marie Goretti Nduwayo, advirtió que la situación sobre el terreno sigue deteriorándose mientras disminuyen los recursos internacionales destinados a responder a la emergencia.
La expansión de las pandillas más allá de Puerto Príncipe ha desencadenado una ola de desplazamientos sin precedentes. Actualmente, cerca de 1,47 millones de personas han abandonado sus hogares debido a la violencia, entre ellas aproximadamente 790.000 mujeres y niñas, quienes enfrentan riesgos cada vez mayores de sufrir abusos y explotación.
Las cifras más recientes muestran una realidad alarmante. Durante el primer trimestre del año, más del 70% de los casos reportados de violencia de género estuvieron relacionados con agresiones sexuales. Además, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití registró en 2025 un total de 1.863 casos de violencia sexual, un incremento del 163% respecto al año anterior. La gran mayoría de las víctimas fueron mujeres y niñas.
Según ONU Mujeres, los grupos criminales utilizan cada vez más la violencia sexual como herramienta de control territorial e intimidación contra las comunidades. A esta situación se suma una nueva dimensión del abuso: el uso de plataformas digitales para almacenar, difundir o amenazar con divulgar imágenes de las agresiones, una práctica empleada para extorsionar y revictimizar a quienes han sufrido estos ataques.
La vulnerabilidad es especialmente aguda entre las mujeres desplazadas que sobreviven en campamentos improvisados. Evaluaciones realizadas por ONU Mujeres detectaron casos de violencia de género en todos los asentamientos analizados. Las precarias condiciones de estos espacios, caracterizados por la falta de iluminación, instalaciones sanitarias seguras y servicios diferenciados, incrementan significativamente el riesgo de nuevas agresiones.
Los testimonios recogidos por la organización describen no solo el impacto psicológico de la violencia, sino también la destrucción progresiva de los medios de vida. Muchas mujeres que antes sostenían económicamente a sus familias mediante pequeños negocios o actividades agrícolas han visto desaparecer sus ingresos debido a la extorsión, los secuestros, los bloqueos de rutas y la inseguridad generalizada.
Paralelamente, el deterioro de los servicios esenciales agrava aún más la crisis. El acceso a la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento continúa reduciéndose en amplias zonas del país. Más de 1.600 escuelas han cerrado sus puertas y cerca del 40% de los centros de salud de Puerto Príncipe permanecen fuera de servicio.
