La Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile dieron a conocer los resultados de la denominada Operación Tokio, un amplio procedimiento que permitió desmantelar una estructura vinculada al Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano que operaba en Chile y que, según las autoridades, habría logrado blanquear cerca de 80 millones de dólares obtenidos mediante actividades ilícitas.
El nombre del operativo hace referencia a la discoteca que funcionaba al interior de la cárcel de Tocorón, en Venezuela, considerada durante años uno de los principales centros de operaciones de la banda criminal.
Las diligencias forman parte de una investigación iniciada en 2024 y que tuvo como punto de partida el quíntuple homicidio ocurrido en una parcela de la comuna de Lampa. A partir de testimonios y diversas técnicas investigativas, los equipos especializados lograron reconstruir la estructura interna de la organización y establecer la existencia de una cadena de mando que operaba desde el extranjero.
De acuerdo con los antecedentes reunidos por la fiscalía, el presunto líder de la red, Carlos Francisco Gómez Moreno, conocido como “Carlos Bobby”, impartía instrucciones desde un recinto penitenciario en Bogotá, Colombia. Desde allí habría coordinado, entre otras acciones, el cobro de extorsiones a comerciantes del sector Bellavista, en Santiago.
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, señaló que el caso representa uno de los esquemas de lavado de activos más significativos detectados hasta ahora en el país. La investigación permitió rastrear millonarias transferencias de dinero enviadas al extranjero y establecer mecanismos utilizados para introducir recursos de origen ilícito al circuito financiero formal.
Entre los 19 detenidos figura José Pérez Asencio, ejecutivo de una sucursal del Banco Santander en Santiago Centro, quien es acusado de utilizar su cargo para facilitar la apertura de cuentas corrientes destinadas a canalizar fondos vinculados a la organización. Según los investigadores, el funcionario habría actuado de manera consciente y siguiendo instrucciones de la cúpula de la banda.
Como parte del operativo, las autoridades congelaron más de 140 cuentas bancarias utilizadas para el presunto blanqueo de capitales y lograron asegurar alrededor de 370 mil dólares mantenidos en billeteras de criptomonedas, golpeando directamente la capacidad financiera de la organización.
Los imputados enfrentarán cargos por extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal. El tribunal fijó para el próximo 7 de junio la audiencia de formalización, instancia en la que la fiscalía expondrá los antecedentes reunidos durante más de un año de investigación.
