La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó y despachó al Senado el proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social, una de las principales apuestas legislativas del Ejecutivo para impulsar la reactivación económica y atender las consecuencias de las recientes emergencias que han afectado al país.
La iniciativa superó más de 90 votaciones en sala y obtuvo respaldo mayoritario tanto en su idea de legislar como en las normas que requerían quórum especial. El debate se extendió durante dos jornadas y estuvo marcado por intensas discusiones en torno a las medidas tributarias, los incentivos a la inversión y diversas disposiciones sociales incorporadas durante la tramitación.
Entre los ejes centrales del proyecto figura la reducción gradual del impuesto de primera categoría para empresas, que bajará desde el 27% al 23%, manteniendo un régimen diferenciado para las pequeñas y medianas empresas. A ello se suma la reintegración del sistema de tributación a la renta y un mecanismo de invariabilidad tributaria por 25 años para inversionistas nacionales y extranjeros, medida que generó fuertes cuestionamientos desde sectores oficialistas y de oposición.
El texto también contempla una serie de beneficios orientados a enfrentar las consecuencias económicas y sociales de las catástrofes recientes. Entre ellos destaca el aumento de recursos para el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, que se ampliará a las regiones de Ñuble y Biobío, además de Valparaíso.
Asimismo, se aprobaron incentivos como un crédito tributario al empleo, la exención temporal del IVA en la compra de viviendas nuevas y la eliminación del pago de contribuciones para la vivienda principal de personas mayores de 65 años.
Durante la discusión parlamentaria se incorporaron nuevas medidas impulsadas desde el Congreso. Una de ellas establece un sistema de sala cuna universal mediante modificaciones al Código del Trabajo. También se aprobó la obligación para empresas concesionarias de servicios básicos de reconectar gratuitamente los suministros a familias y mipymes ubicadas en zonas declaradas en estado de catástrofe.
Otra de las indicaciones respaldadas prohíbe el cobro de intereses sobre intereses en operaciones de crédito, limitando además la capitalización de intereses que excedan el máximo convencional permitido por la ley.
En materia de educación, el proyecto habilita a la Tesorería General de la República para otorgar facilidades de pago a quienes mantienen deudas por el Crédito con Garantía Estatal (CAE).
No todas las propuestas del Ejecutivo lograron avanzar. La Cámara rechazó la eliminación de la franquicia Sence para capacitación laboral, cambios al sistema de certificación de competencias laborales y modificaciones a la legislación sobre propiedad intelectual vinculadas al uso de contenidos generados mediante inteligencia artificial.
El proyecto también abrió un nuevo flanco político debido a las reservas de constitucionalidad presentadas por parlamentarios de distintos sectores. La principal controversia se concentró en el régimen de invariabilidad tributaria para inversionistas, cuestionado por considerar que limitaría la capacidad futura del Congreso y de próximos gobiernos para modificar el sistema tributario.
Los detractores argumentaron además que la medida podría generar un trato desigual ante la ley y comprometer principios vinculados a la soberanía fiscal del Estado.
En paralelo, legisladores de oposición objetaron disposiciones relacionadas con materias medioambientales, señalando eventuales conflictos con normas constitucionales sobre jurisdicción y debido proceso.
El Ejecutivo, por su parte, también presentó reservas tras la aprobación de la indicación sobre sala cuna universal. Desde el Ministerio de Hacienda se advirtió que la medida tendría impacto fiscal y que su incorporación excedería las facultades parlamentarias en materias de iniciativa exclusiva del Gobierno.
Con el despacho de la iniciativa, el proyecto inicia ahora su segundo trámite constitucional en el Senado, donde se anticipa un nuevo debate sobre el alcance de las reformas tributarias y las medidas de reconstrucción económica y social propuestas por el Ejecutivo.
