La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó a Países Bajos con el objetivo de acompañar la defensa de Caracas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el marco del litigio territorial que mantiene con Guyana por la región del Esequibo, una extensa zona rica en recursos naturales y administrada actualmente por Georgetown.
A su llegada al aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, la funcionaria aseguró que la delegación venezolana acudió a La Haya para reivindicar la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, mecanismo que Caracas considera la única vía legítima para resolver la controversia fronteriza. A través de mensajes difundidos en redes sociales y declaraciones ofrecidas desde la terminal aérea, Rodríguez insistió en que Venezuela mantiene derechos “históricos y legítimos” sobre el territorio en disputa.
La vicepresidenta fue recibida por el canciller venezolano, Yván Gil, así como por otros integrantes de la representación oficial venezolana ante la CIJ. En un video divulgado por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, Rodríguez sostuvo que el país ha defendido históricamente la soberanía sobre el Esequibo desde su conformación republicana y aún antes, durante la etapa colonial.
La presencia de la dirigente chavista en territorio europeo ha generado atención política debido a que continúa bajo sanciones de la Unión Europea desde 2018. Bruselas la incluyó en la lista de funcionarios señalados por presuntas acciones contra la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en Venezuela, medidas que contemplan restricciones de ingreso al espacio comunitario. Sin embargo, la funcionaria logró desplazarse a Países Bajos en el contexto de las audiencias internacionales.
El proceso en La Haya busca determinar la validez del Laudo Arbitral de 1899, resolución que estableció la frontera entre Venezuela y la entonces Guayana Británica. Caracas desconoce ese fallo desde 1962 al alegar irregularidades durante el procedimiento arbitral.
La disputa por el Esequibo enfrenta desde hace décadas a ambos países sudamericanos. El territorio reclamado abarca cerca de 160.000 kilómetros cuadrados, equivalentes a casi dos tercios de la superficie actual de Guyana, y posee importantes reservas de petróleo, minerales y otros recursos estratégicos.
