El panorama político peruano se mantiene en tensión tras las recientes denuncias que alcanzan a la cúpula de los organismos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su procurador, ha formalizado una denuncia penal contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y otros actores clave, por presuntas irregularidades que habrían afectado la integridad del proceso.
Las claves de la denuncia judicial
La denuncia interpuesta por el JNE no solo señala a Corvetto, sino que extiende la responsabilidad a otros tres altos funcionarios de la ONPE y a Juan Alvarado Pfuyo, representante legal de la empresa Gálaga, firma encargada de la distribución del material electoral.
Los presuntos delitos que se investigan son:
-
Contra el derecho de sufragio: Supuestas acciones que habrían vulnerado la voluntad popular.
-
Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales: Incumplimiento de deberes esenciales durante el proceso.
-
Obstaculización del proceso electoral: Acciones destinadas a impedir el desarrollo normal de los comicios.
🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial anticorrupción (Primer Despacho) sustentará mañana, a las 11 a. m., su solicitud de impedimento de salida del país por 18 meses para Piero Corvetto, exjefe de la @ONPE_oficial, relacionado a los comicios generales del 12 de abril. pic.twitter.com/5P0GUAPZhk
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 29, 2026
Voces críticas: “Nos mintió”
La presión sobre el jefe de la ONPE ha escalado tras las declaraciones de Roberto Burneo, quien fue tajante al señalar la pérdida de confianza en la gestión de Corvetto. “Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, al decir que todo estaba garantizado”, afirmó, sugiriendo que las garantías de transparencia ofrecidas inicialmente no se cumplieron en la práctica.
Postura del gremio empresarial y observadores internacionales
A pesar del ruido judicial, el sector empresarial mantiene una posición cauta. Jorge Zapata Ríos, presidente de la CONFIEP, declaró en el programa Punto Final que, si bien no se puede afirmar categóricamente la existencia de un fraude, la desconfianza es tal que resulta “necesaria una auditoría internacional al sistema electoral” antes de proceder con las siguientes etapas.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA ha manifestado su profunda preocupación por el clima de violencia. En un comunicado, la Misión condenó:
-
Amenazas y hostigamiento contra autoridades electorales y periodistas.
-
El uso de la confrontación como herramienta política, recordando que estas no son vías legítimas en una democracia.
Contexto: Mientras las investigaciones fiscales avanzan para determinar si hubo dolo en la gestión de la ONPE y la empresa Gálaga, la legitimidad del proceso electoral peruano queda bajo el escrutinio de auditorías externas y la vigilancia de organismos internacionales.
-
