El recrudecimiento del conflicto armado interno en Colombia está obligando a miles de personas a permanecer confinadas en sus territorios para proteger sus vidas. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), más de 39.000 personas se vieron afectadas por esta situación entre enero y marzo de 2026, lo que representa un incremento del 63 % frente al mismo periodo del año anterior.
El fenómeno, que limita gravemente la movilidad y el acceso a derechos básicos, se ha intensificado en departamentos como Cauca, Chocó, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena, Meta y Guainía. Allí, la presencia de grupos armados no estatales ha impuesto restricciones que pueden prolongarse durante semanas o incluso meses, deteriorando las condiciones de vida de las comunidades.
Según explicó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, una parte significativa de los casos afecta a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, cuyos territorios presentan altos niveles de aislamiento y escasa presencia institucional. Esta situación no solo incrementa los riesgos humanitarios, sino que también amenaza la pervivencia cultural y las prácticas ancestrales de estas poblaciones.
Las cifras muestran que el confinamiento continúa en ascenso. En 2025, más de 128.000 personas resultaron afectadas, un aumento de más del 19 % frente a 2024. En el primer trimestre de este año, de los 26 eventos documentados, 17 impactaron a comunidades étnicas y 9 a poblaciones campesinas, lo que evidencia una afectación creciente y diversificada.
Las consecuencias son profundas: el confinamiento restringe el acceso a servicios esenciales como salud, educación, alimentación y vivienda, además de alterar la relación de las comunidades con sus territorios. En muchos casos, estas condiciones ponen en riesgo la supervivencia colectiva.
A través de su Sistema de Alertas Tempranas, la Defensoría ha reiterado los riesgos asociados al control territorial por parte de actores armados y ha urgido a las autoridades a implementar medidas preventivas y de protección. También ha insistido en la necesidad de garantizar que las víctimas sean incluidas en el Registro Único de Víctimas y accedan a rutas de atención y reparación.
El confinamiento fue reconocido oficialmente como hecho victimizante en Colombia en 2016, y su alcance fue ampliado con la Ley 2124 de 2024. Posteriormente, el Decreto 525 de 2025 buscó fortalecer la respuesta institucional; sin embargo, persisten dificultades en la articulación y en la capacidad de respuesta, especialmente en zonas rurales.
El representante de Acnur en Colombia, Giovanni Lepri, advirtió que el fenómeno exige una comprensión más precisa y acciones contundentes para su prevención y atención. Coincidió en que los desafíos actuales incluyen la limitada presencia institucional y las dificultades para garantizar acceso humanitario continuo en las zonas afectadas.
La problemática fue visibilizada en la apertura de la exposición fotográfica “Paraísos Confinados”, en Bogotá, que retrata la realidad de las comunidades afectadas. La muestra busca sensibilizar a la sociedad sobre una crisis que, pese a su magnitud, permanece en gran medida invisible.
Para la Defensoría del Pueblo, aunque existen esfuerzos institucionales, la respuesta sigue siendo insuficiente, fragmentada y, en muchos casos, tardía, lo que retrasa el restablecimiento efectivo de los derechos de las personas afectadas.
