La política española ha cruzado una nueva frontera en el Senado. Lo que tradicionalmente se movía en el terreno de la discrepancia diplomática ha saltado por los aires para convertirse en una acusación penal pública. La reciente intervención de Alicia García, portavoz del Grupo Popular, no ha dejado lugar a la interpretación: al señalar a José Luis Rodríguez Zapatero como el «recadero» y el mayor «comisionista» de la «dictadura sanguinaria» de Venezuela, el PP ha fijado una narrativa de sospecha que ya no apunta solo al pasado, sino al corazón mismo del actual Gobierno.
De la diplomacia al juzgado de guardia
El encuadre es tan hábil como agresivo. Al vincular la figura del expresidente con el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra (53 millones de euros), la oposición logra transformar un debate de política exterior en uno de corrupción económica.
Para el Partido Popular, las visitas de Zapatero a Caracas no responden a una agenda de paz, sino a una de intereses compartidos. La frase «No es mediación, es corrupción» es un dardo diseñado para que el PSOE pierda el control del relato: si defienden la labor de Zapatero, se arriesgan a quedar pegados a las sombras de la SEPI y al régimen de Maduro.
El silencio de Sánchez como gasolina
Este incendio dialéctico se ve alimentado por un factor que el PP no deja pasar por alto: la ausencia de Pedro Sánchez. El hecho de que el Presidente del Gobierno lleve casi dos años sin comparecer en la Cámara Alta genera un vacío de autoridad que la oposición llena con su retórica más dura.
El Senado, tradicionalmente una cámara de reflexión, se ha convertido en un tribunal donde se juzga la ética de un expresidente ante la silla vacía del actual. Cuando el Ejecutivo no ofrece explicaciones técnicas sobre rescates millonarios en sectores estratégicos, permite que el término «comisionista» se asiente en el imaginario colectivo sin contrapeso alguno.
