Que el presidente argentino Alberto Fernández es solo un objeto decorativo, sujeto a lo que impone su jefa Cristina Kirchner, la vicepresidenta Cristina Kirchner -condenada por corrupción a seis años de prisión e inhablitación de por vida para ejercer cargos públicos, es claro y evidente- pero ahora, “Albertítere”, como se le menciona en su país, ha resuelto desconocer al Poder Judicial y desacatarse a una sentencia de la Corte Suprema de la Nación.
El Presidente Fernández decidió no restituirle al gobierno opositor de la Ciudad de Buenos Aires, el punto de coparticipación que le quitó, pese a la orden del máximo tribunal.
Por sentencia de la Corte Suprema sobre los fondos de coparticipación que el Gobierno nacional debe restituirle a la Ciudad de Buenos Aires, pero Alberto Fernández declaró que no lo hará y al estilo del distador Maduro, no reconoce otra ley que la que dicta el Ejecutivo y no la Constitución.
Los referentes opositores acusaron al mandatario de cometer un acto de sedición y anticiparon que lo denunciarán penalmente.
El comunicado de Alberto Fernández
En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.
En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.
Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.
En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad.
Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.
Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma.
