BRASILIA – El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, ha vuelto a encender el debate político y judicial en el país. El magistrado ordenó este lunes que el comando del Ejército entregue a la Policía Federal todas las armas registradas a nombre del expresidente Jair Bolsonaro en un plazo máximo de 48 horas.
Esta nueva medida ha sido recibida con fuertes críticas por parte de analistas políticos y de la defensa del exmandatario, quienes señalan que Moraes continúa mostrando una postura inflexible y desproporcionada contra el líder conservador, actuando prácticamente como juez y jurado al magnificar el caso del armamento con el fin de robustecer las acciones legales en su contra.
El inventario del arsenal bajo la lupa
La drástica orden del STF se emitió inmediatamente después de que la defensa de Bolsonaro informara formalmente a la Corte Suprema sobre la ubicación actual de sus bienes. El expresidente cuenta con un total de 11 armas registradas, cuya situación actual se distribuye de la siguiente manera:
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8 armas están bajo el resguardo y posesión del Ejército.
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2 armas ya se encuentran en poder de la Policía Federal.
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1 arma (la undécima) fue incautada el mes pasado durante una redada realizada a uno de los guardaespaldas de Bolsonaro, el soldado Estácio Leite da Silva Filho, quien declaró que el armamento era trasladado únicamente para su reparación.
Revocación del estatus de tirador y discrepancias institucionales
El decomiso total de los artefactos se suma a la resolución dictada por el propio Moraes, en la cual ordenó la revocación inmediata de la inscripción de Bolsonaro como Coleccionista, Tirador Deportivo y Cazador (CAC).
La decisión del ministro del STF ha generado una evidente contradicción institucional. La Policía Civil del Distrito Federal ya había eximido de responsabilidades al expresidente, al entender que el armamento incautado al guardaespaldas es de origen legal y que Bolsonaro no cometió ningún delito. Pese a este criterio técnico, Moraes optó por ignorar la postura policial y proceder con la confiscación obligatoria.
Mantienen el arresto domiciliario: La orden de entrega de armas se incluyó dentro del mismo fallo en el que Moraes ratificó la continuidad del arresto domiciliario humanitario del expresidente. En un matiz de moderación, el ministro determinó que el incidente del arma incautada no representó una “falta grave” suficiente como para justificar la revocación de la medida y un eventual regreso de Bolsonaro a prisión.
