El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este lunes 23 de febrero de 2026 un cese al fuego unilateral con motivo de las próximas elecciones en Colombia, en un contexto marcado por el recrudecimiento de la violencia política y el incremento de ataques contra actores del proceso democrático.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización insurgente informó que suspenderá acciones ofensivas durante el periodo electoral. La medida se produce a pocas semanas de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo y a tres meses de los comicios presidenciales programados para el 31 de mayo, en los que el país elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.
El anuncio se da en medio de un panorama de alta tensión. Durante el último año se han registrado atentados, secuestros y amenazas contra candidatos y dirigentes políticos en distintas regiones del país. En 2025, el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe fue asesinado a tiros, un hecho que sacudió el escenario electoral y elevó las alertas sobre la seguridad de la contienda.
Más recientemente, el ELN reivindicó un ataque armado contra el vehículo del senador Jairo Castellanos, integrante de la Alianza Verde y aspirante a la reelección. En el atentado murieron dos miembros de su esquema de seguridad luego de que el convoy no se detuviera en un retén ilegal. El congresista no se encontraba en el automóvil en el momento del ataque.
No es la primera vez que la guerrilla decreta treguas temporales en periodos electorales o durante festividades de fin de año. Sin embargo, el gesto ocurre tras el fracaso de los intentos del Gobierno de Petro por alcanzar un acuerdo de paz con el grupo armado, que en los últimos años ha consolidado su presencia territorial y financiera, apalancada —según analistas— en economías ilícitas como la producción y el tráfico de cocaína.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que el ELN constituye una “fuente de amenaza” para el normal desarrollo de las elecciones, especialmente en zonas rurales con limitada presencia estatal. El organismo ha alertado sobre riesgos para candidatos, líderes sociales y votantes en regiones donde operan estructuras armadas ilegales.
