Esta aseveración del titular de Exteriores, en lugar de tranquilizar a la sociedad, provoca pánico porque se sabe cual es la forma de respetar los derechos humanos que practica el gobierno de Nicolás Maduro.
Allí en Venezuela, no hay libertad de expresión y quien quiera protestar o hacer valer sus derechos, inmediatamente es cafificado como fascista o enemigo de la revolución bolivariana, por el simple hecho de no estar de acuerdo con tal o cual medida del gobierno. No existe el derecho democrático de disentir, digamos las cosas como son.
La organización internacional Human Right Watch (HRW) ya había denunciado a Venezuela como un gobierno que no creía en la libertad de expresión, mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le pidió al Estado venezolano que le permitiera a los medios de prensa importar el papel para poder seguir trabajando. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Claudio Paolillo, dijo que “podemos estar frente a una catástrofe de proporciones mayores para la libertad de prensa si se reduce la capacidad operativa de los diarios venezolanos”. Agregó que “es inevitable pensar que la licencia de importación se utiliza en forma intencional para amordazar a la prensa”, por lo que encomió a las autoridades a dejar de imponer cortapisas antidemocráticas.
Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), falla siempre a favor del gobierno y los ciudadanos venezolanos están indefensos. La Justicia no les protege y solo basta recordar la rebuscada sentencia para extender el mandato de Chávez, contraviniendo claramente la Constitución de la República.
La Asamblea Nacional, plenamente dominada por su presidente Diosdado Cabello, un radical chavista que llegó a prohibirles la palabra a los diputados opositores, mientras no reconocieran públicamente como legítimo el gobierno de Nicolás Maduro.
Todo esto esto no hace más que potenciar la incredulidad, cuando el canciller venezolano “asegura” que el Estado garantiza la protección los derechos humanos del pueblo.
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