Chile impulsa normativa para fortalecer la democracia y regular gasto y transparencia electoral

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La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó el proyecto de Reforma Constitucional que establece la pérdida de cargos públicos por infringir normas de gasto y transparencia electoral, iniciativa que prevé mejorar el sistema de representación y hacerlo más transparente.
“Estamos presentando un Proyecto de Reforma Constitucional que, a partir de las próximas elecciones, sancione con la pérdida del cargo a quienes defrauden las normas de financiamiento y control del gasto electoral, y cuyo procedimiento y regulación establecerá una Ley Orgánica Constitucional dictada al efecto”, dijo la Mandataria durante la ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda.
Esta iniciativa se enmarca en un conjunto de medidas que buscan aumentar la competencia democrática, disminuir las trabas para el recambio en cargos de representación, establecer reglas claras de financiamiento público para las campañas, partidos y candidatos, y definir sanciones ejemplarizadoras para aquellos representantes que no cumplan la ley.
En esta línea la jefa de Estado expresó que la medida involucra cargos de elección popular que no tienen facultad legislativa. De la misma forma, Bachelet, comprometió el apoyo a las iniciativas parlamentarias que en esta misma línea, de avanzar en probidad y transparencia electoral, se apliquen a diputados y senadores.
Junto a esta iniciativa, la Presidenta anunció el despacho de instructivos para establecer normas de austeridad en los ministerios, entre ellos gastos de publicidad, difusión, gastos de representación y uso de vehículos. En esta línea, expresó a modo de ejemplo, que los vehículos fiscales sólo deben ser de uso de ministros, subsecretarios, jefes de servicios, intendentes, gobernadores y cargos jerárquicos similares para usos estrictamente relacionados a sus funciones.
“Este proyecto responde a la demanda de millones de compatriotas por una mayor fiscalización y sanciones a quienes burlan la fe pública. Pero también recoge los aportes de distintos actores, parlamentarios, actores del mundo político y de la sociedad civil; aportes que han hecho para fomentar las buenas prácticas y la probidad”, concluyó.