
En cuanto a las razones relativas a la utilidad pública, la sala considera cuestionable devolver la condición de juez a quien sostiene que fue correcta su forma de proceder en una causa penal que el Supremo calificó como constitutiva de delito de prevaricación.
También señala el Tribunal que “No puede olvidarse que se declaró probado que -el exjuez Garzón- había acordado una intervención de las comunicaciones entre imputados en situación de prisión preventiva y sus letrados defensores sin que contra éstos existieran indicios de ninguna clase respecto de una posible actividad delictiva”.
El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, había sido inhabilitado por 11 años, debido a las escuchas ilegales que ordenó en el “caso Gürtel”.
Descargable: 2014-02-25-INFORME-INDULTO-GARZON.pdf









