
En respuesta a una pregunta sobre este asunto del senador de IU Jesús Enrique Iglesias, Mariano Rajoy ha explicado que el Gobierno es consciente de la relevancia que tiene la comunicación de los infractores tributarios como instrumento adicional en la lucha contra el fraude fiscal. Por ello, está estudiando posibles modificaciones normativas para que “los incumplimientos normativos más relevantes puedan ser objeto de publicación”, respetando siempre el derecho de tutela de los afectados.
El presidente ha añadido que “se trata de una cuestión delicada”, que el Gobierno está estudiando en profundidad”, y que cualquier aportación “inteligente e interesante” podrá ser tenida en cuenta.
El jefe del Ejecutivo ha recordado que la regularización actual es una “regularización extraordinaria, excepcional y limitada en el tiempo”, que tiene como objetivo “responder a una situación de las cuentas públicas insostenible, ampliar las bases imponibles y aumentar la recaudación”, y es un instrumento útil en la lucha contra el fraude.
Mariano Rajoy ha asegurado que “la regularización ni borra ni limpia ni encubre delitos cometidos” porque a ninguna persona que tenga abierto un proceso, en vía administrativa o judicial, le servirá este procedimiento para evitar las consecuencias de ese proceso. Además, ha subrayado que la medida ha permitido aflorar patrimonios por valor de 40.000 millones de euros, lo que supone un importe equivalente al 4% del PIB nominal.









