El Gobierno de Guatemala decretó este sábado el estado de sitio por 30 días en los departamentos de Zacapa e Izabal, una medida excepcional adoptada tras una escalada de ataques armados que, desde finales de septiembre, ha dejado al menos 15 personas muertas en distintos hechos de violencia.
La decisión, impulsada por el Ejecutivo del presidente Bernardo Arévalo de León, contempla restricciones a derechos y garantías constitucionales, entre ellas la libertad de circulación y de reunión, además de flexibilizar los requisitos judiciales para efectuar detenciones y allanamientos.
El Gobierno justificó la medida como una respuesta destinada a reforzar la seguridad, proteger a la población y recuperar el control del orden público en dos zonas estratégicas del país, particularmente expuestas por su cercanía con la frontera de Honduras y por las rutas utilizadas para el tráfico de drogas.
En paralelo al decreto, el Ministerio de la Defensa Nacional puso en marcha un operativo conjunto con la Policía Nacional Civil. Las Fuerzas de Tierra y Aire participan en controles de carretera, patrullajes, puestos de registro y vigilancia aérea en Zacapa, Izabal y el vecino departamento de Chiquimula.
La ofensiva de seguridad se produce después de varias acciones armadas que han marcado un fuerte deterioro de la situación en la región. Uno de los episodios más graves ocurrió el 27 de septiembre en el municipio de Huité, Zacapa, donde ocho personas, entre ellas tres mujeres y un menor de edad, fueron asesinadas en diferentes escenarios.
Posteriormente, el 6 de noviembre, un ataque en Río Hondo terminó con la muerte del diputado Julio César Portillo Paz, de 36 años, y tres policías que integraban su escolta. El parlamentario fue emboscado junto a los agentes por hombres armados.
La violencia volvió a golpear Zacapa durante la madrugada del viernes, cuando un grupo de individuos vestidos con ropa de camuflaje irrumpió en la aldea La Majada y asesinó a cinco personas, entre ellas una madre y dos de sus hijos.
Ese mismo día, pero en Puerto Barrios, cabecera del departamento de Izabal, un ganadero y un agricultor fueron atacados mientras se desplazaban en un vehículo. Ambos murieron producto de los disparos.
Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente una conexión entre los diferentes ataques ni han informado de detenidos por estos hechos.
La escalada de violencia coincide, además, con las recientes sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza, estructuras señaladas por su participación en actividades vinculadas al narcotráfico internacional. Las autoridades han identificado históricamente a estos grupos como actores relevantes en las disputas por el control territorial y de las rutas utilizadas para el traslado de drogas.
Con el estado de sitio, el Ejecutivo busca reforzar la presencia estatal en una zona considerada estratégica para la seguridad nacional. El despliegue contempla operaciones en corredores considerados críticos y una mayor vigilancia de las vías de comunicación.
El Gobierno de Arévalo aseguró que las instituciones encargadas de la seguridad actuarán bajo coordinación conjunta y que las medidas excepcionales serán ejecutadas dentro del marco legal y con respeto a los derechos humanos.
