Panamá reforzó este jueves su compromiso con la prevención del uso ilegal de los sistemas financieros y comerciales al acoger un encuentro regional destinado a fortalecer los mecanismos de control frente al financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras actividades ilícitas.
La actividad fue organizada por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el respaldo de los ministerios panameños de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, y congregó a delegaciones y especialistas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.
Durante la apertura, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, destacó que la protección de las plataformas financieras y de las instituciones comerciales constituye una responsabilidad compartida entre los Estados, especialmente frente a la evolución de las redes criminales internacionales.
El funcionario sostuvo que la condición de Panamá como centro de servicios internacionales obliga al país a mantener altos estándares de confianza institucional y a reforzar sus capacidades para impedir que los canales financieros y comerciales sean utilizados con fines ilícitos.
En la jornada también intervino Isabel Vecchio, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas, quien destacó los avances impulsados por Panamá, a través de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, para adecuar sus mecanismos de prevención a las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Por su parte, la representante de la OEA en Panamá, María Alexandra Moreira, valoró el papel del país como anfitrión y su apuesta por un multilateralismo orientado a resultados. Advirtió además que el crimen organizado transnacional ha adquirido niveles crecientes de profesionalización y opera al margen de las tradicionales divisiones ideológicas, lo que plantea nuevos desafíos para los sistemas de prevención y persecución.
Moreira subrayó la necesidad de perfeccionar las legislaciones nacionales y profundizar la cooperación técnica entre los países para facilitar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y soluciones frente a los obstáculos que enfrentan las instituciones encargadas de combatir estos delitos.
El componente jurídico de la reunión estuvo a cargo de María Fernanda Sarmiento, gerente del Programa de Asistencia Legislativa y Financiamiento del Terrorismo del CICTE de la OEA, quien examinó los desafíos que persisten en América Latina para aplicar plenamente las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Uno de los puntos centrales fue el régimen de congelamiento de activos vinculados con personas o entidades designadas. Sarmiento explicó que esta medida debe ejecutarse “sin demora”, entendida como un período inferior a 24 horas, y que posee carácter preventivo y administrativo, por lo que no depende de la existencia previa de un proceso penal.
La especialista también puso sobre la mesa las dificultades que aún persisten en la región para incorporar adecuadamente en las legislaciones nacionales el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. A ello se suman problemas operativos y jurídicos relacionados con la administración de bienes productivos que quedan sujetos a congelamiento.
En el encuentro participaron además la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Maribel Cornejo Batista, y el presidente del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, José Antonio Hoo Justiniani.
