La violencia que azota a Haití dejó al menos 1.167 personas muertas y 459 heridas entre julio y septiembre de 2026, según el último informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), que advierte de una persistencia de graves violaciones de los derechos humanos en Puerto Príncipe y en los departamentos de Artibonite y Sudeste.
El organismo internacional atribuye a las pandillas más del 45 % de las muertes y lesiones registradas durante el trimestre. Los grupos criminales mantienen el control de numerosos barrios de la capital y han recurrido a asesinatos selectivos contra personas que se resisten a la extorsión, desafían sus normas o son consideradas colaboradoras de las autoridades. También fueron asesinadas personas que denunciaron intentos de las organizaciones criminales de interferir en el proceso electoral.
El representante especial del secretario general de la ONU en Haití y jefe de BINUH, Carlos Ruiz Massieu, alertó sobre la gravedad de la situación y destacó especialmente las masacres ocurridas en zonas que hasta ahora habían permanecido relativamente al margen de la violencia. A su juicio, estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer la protección de los civiles y ampliar la presencia efectiva del Estado en los territorios recuperados.
Uno de los episodios más graves se produjo en Kenscoff, donde dos ataques registrados entre julio y agosto dejaron al menos 105 personas muertas, incluidos 19 niños. Más de 36 víctimas fueron asesinadas a tiros en el patio de una iglesia protestante. En Cité Soleil, en tanto, integrantes de pandillas decapitaron al menos a 19 personas a comienzos de agosto, entre ellas 12 mujeres de edad avanzada.
La violencia también se extendió a zonas que habían permanecido relativamente protegidas de la expansión criminal. BINUH documentó nuevos ataques en Saint-Michel-de-l’Attalaye, en Artibonite, y Marigot, en el departamento del Sudeste.
El deterioro de la seguridad también quedó reflejado en el aumento de los secuestros. Durante el tercer trimestre fueron registradas al menos 137 personas secuestradas con fines de extorsión, frente a las 81 contabilizadas entre abril y junio. Los menores representaron aproximadamente el 10 % de las víctimas.
La violencia sexual constituye otro de los principales focos de preocupación. Naciones Unidas documentó 344 víctimas, con edades comprendidas entre los ocho y los 75 años. El 77 % de los casos correspondió a violaciones atribuidas a integrantes de pandillas, en un contexto en el que las organizaciones criminales continúan utilizando la violencia sexual como mecanismo de intimidación y control.
El informe también advierte sobre el reclutamiento y explotación de menores por parte de las pandillas. En agosto, al menos 32 adolescentes de entre 14 y 16 años, todos varones y reclutados por la fuerza, murieron durante enfrentamientos entre una organización criminal y las fuerzas de seguridad en Gressier.
Pero la ONU también pone el foco en la actuación de otros actores armados. Los grupos de autodefensa fueron considerados responsables de aproximadamente el 5 % de los homicidios y lesiones, principalmente en ataques contra integrantes de pandillas o personas sospechosas de colaborar con ellas.
A su vez, más de la mitad de las personas fallecidas o heridas durante el trimestre fueron víctimas de operaciones terrestres o aéreas de las fuerzas de seguridad contra grupos criminales. Algunas de estas acciones contaron con el apoyo de una empresa militar privada que utilizaba drones. BINUH estima que más del 16 % de las víctimas de estas operaciones no tenía vínculos con organizaciones criminales.
El uso de drones explosivos también dejó víctimas civiles. Al menos cuatro personas, entre ellas dos niños, murieron y otras diez resultaron heridas en ataques de este tipo.
La ONU registró además un fuerte incremento de los casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales o intentos de ejecución en los que participaron miembros de la Policía Nacional de Haití. Durante el trimestre fueron documentados 44 casos, frente a los 14 registrados durante el período anterior. No obstante, BINUH señala que el número acumulado de víctimas durante los primeros nueve meses de 2026 continúa siendo aproximadamente la mitad del registrado en igual período de 2025.
Ante este escenario, Naciones Unidas insiste en que las operaciones contra las pandillas deben desarrollarse bajo los estándares internacionales de derechos humanos y que cualquier denuncia de abusos debe ser investigada de manera efectiva.
En materia judicial, el informe reconoce avances en la creación de dos unidades especializadas para investigar delitos de gran impacto, entre ellos casos de violencia sexual y delitos financieros. Sin embargo, BINUH considera urgente que estas estructuras comiencen a funcionar plenamente y que los primeros procesos judiciales se desarrollen sin nuevas demoras.
La organización también reclama al Gobierno haitiano reforzar la asistencia a las víctimas, especialmente a los sobrevivientes de violencia sexual, y acelerar los programas de prevención del reclutamiento de menores, desarme, desmantelamiento de organizaciones criminales y reintegración.
Finalmente, Naciones Unidas llamó a la comunidad internacional a mantener y reforzar su apoyo a Haití, acelerar el despliegue completo de la Fuerza de Represión de Pandillas bajo parámetros compatibles con el derecho internacional y redoblar los esfuerzos para impedir el tráfico ilegal de armas y municiones que alimenta la violencia en el país.
