BRASILIA — La Policía Federal (PF) de Brasil formalizó este miércoles (28) la imputación del exbanquero Daniel Vorcaro y de otras 14 personas investigadas por un esquema de fraude financiero que afectó al Banco Regional de Brasilia (BRB). La acusación se enmarca en las conclusiones de la primera fase de la Operación Cumplimiento Cero, que destapó graves irregularidades en la gestión y transferencia de activos bancarios.
Según el informe final de las autoridades, Vorcaro tuvo una «participación personal, reiterada y directiva» en la venta de carteras de préstamos irregulares procedentes del Banco Master hacia el BRB, una maniobra que generó severas pérdidas patrimoniales a la entidad estatal.
«Como controlador de Banco Master, Vorcaro ocupaba el centro de toma de decisiones de la estructura examinada y era del principal beneficiario económico de las operaciones destinadas a obtener liquidez para la institución», concluyó de forma categórica la investigación de la Policía Federal.
La sombra del escándalo alcanza al Supremo Tribunal Federal
El caso ha cobrado una dimensión política e institucional sin precedentes tras revelarse en el expediente los estrechos y comprometedores vínculos entre el exbanquero y el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, junto a su esposa, la abogada Viviane Barci de Moraes.
Entre los hallazgos presentados destacan:
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Contrato millonario: El bufete de abogados de Viviane Barci de Moraes firmó un contrato de prestación de servicios con el Banco Master por un valor cercano a los 131 millones de reales. De acuerdo con las pericias, el propio magistrado Alexandre de Moraes habría intervenido en la edición previa del documento antes de su suscripción.
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Intercambio de mensajes: Los informes policiales sacaron a la luz conversaciones directas entre Vorcaro y De Moraes previas a la detención del financiero, en las que el empresario consultaba sobre gestiones para frenar acciones regulatorias o facilitar su salida del país.
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Uso de beneficios: La investigación señala que la estructura controlada por Vorcaro facilitó el uso de tarjetas de crédito con elevados límites y cuotas de transporte en aeronaves privadas para la familia del magistrado.
Repercusiones y debate institucional
El levantamiento del secreto de sumario por parte del ministro del STF André Mendonça expuso los detalles de los intercambios y transacciones, desatando una fuerte tormenta política en el país. Mientras la oposición exige investigaciones profundas e impulsa pedidos de juicio político contra el magistrado, la Fiscalía General de la República (PGR) ha cuestionado la competencia de la Policía Federal para indagar directamente la conducta de un juez de la máxima corte.
Por su parte, Alexandre de Moraes se declaró formalmente impedido para intervenir en causas o recursos vinculados a Daniel Vorcaro y al despacho de su esposa, mientras la justicia evalúa el alcance de las imputaciones y las consecuencias del fraude en el sistema financiero.
