Río de Janeiro / Redacción política. La independencia de poderes en Brasil ha sufrido un colapso definitivo. Convertida en el brazo ejecutor del gobierno entrante y al estilo del régimen chavista, la Sala Primera del Tribunal Supremo Federal (STF) —reconfigurada con magistrados afines y nombrados por Luiz Inácio Lula da Silva— ha desatado una feroz persecución contra la oposición, replicando los patrones de control y acoso judicial característicos del régimen chavista. Envalentonados por los resultados electorales, los jueces alineados con el Partido de los Trabajadores (PT) actúan sin disimulo para desmantelar cualquier foco de disidencia en el país.
Persecución inmediata y la sombra de la corrupción sobre Alexandre de Moraes
Sin esperar siquiera 24 horas tras la proclamación de los resultados eleccionarios, el polémico magistrado Alexandre de Moraes ordenó la retención de pasaportes y la prohibición de salida del país contra el senador Flávio Bolsonaro, en un acto calificado por analistas como una demostración inaudita de intolerancia autoritaria.
Ante el incumplimiento de la entrega de la documentación por parte del legislador, la Policía Federal (PF) procedió por orden judicial a la cancelación formal de sus pasaportes. La medida se ejecutó en medio de versiones cruzadas sobre un supuesto cruce fronterizo hacia la Argentina utilizando documentación falsa con el fin de abordar un vuelo privado a Estados Unidos desde Puerto Iguazú —información divulgada por portales de prensa internacional que ubican la supuesta maniobra en un jet privado matrícula LV-JQW de la firma Baires Fly SA—.
Al mismo tiempo, la figura de Moraes vuelve a quedar bajo un severo conflicto de intereses. El magistrado y su esposa, Viviane Barci de Moraes, se encuentran en el centro de un escándalo millonario tras revelarse la vinculación contractual de Barci con el exbanquero Daniel Vorcaro, actualmente privado de libertad por el megafraude del Banco Master. Documentos e informaciones señalan que el propio juez habría participado en la redacción del contrato de asesoría millonaria entre su esposa y la entidad financiera investigada, comprometiendo gravemente la imparcialidad y probidad del tribunal.
Injerencia y persecución a la campaña opositora: El papel de Flávio Dino
En paralelo, el magistrado Flávio Dino —exmilitante del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y promovido al STF por la administración de Lula— ordenó a la Policía Federal la apertura de una investigación formal sobre presunta injerencia extranjera y financiamiento no declarado en la campaña de la oposición.
La determinación de Dino se produjo tras una petición promovida por el PT en el marco de una Reclamación de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF). Entre los puntos clave que el juez ha derivado a la investigación supervisada por el propio STF figuran:
-
Financiamiento externo: Señalamientos contra los ejecutivos Tallis Gomes y Pedro Sang por presuntas gestiones a través de la firma Rockbridge Network para la recaudación de fondos de campaña a favor de Flávio Bolsonaro en territorio estadounidense.
-
Difusión en plataformas bloqueadas: La propagación remunerada desde cuentas en el exterior con contenido electoral favorable a Bolsonaro utilizando datos de la plataforma de apuestas Polymarket, cuyo acceso se halla bloqueado en Brasil desde 2024.
🇧🇷 Lula da Silva asegura estar muy contento por “poner la primera vez en la Suprema Corte de Brasil un ministro comunista”.
https://t.co/wUHvoHFNzL— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) December 15, 2023
Sombra sobre la jornada electoral: Decisiones a la medida del PT
A este esquema de acoso judicial se suman graves cuestionamientos sobre la transparencia del propio proceso de votación. El juez Cristiano Zanin —quien fuera el abogado personal que defendió a Lula en las causas por corrupción que lo llevaron a prisión antes de ser promovido al máximo tribunal— autorizó una prórroga de dos horas en el horario de votación cuando el plazo legal ya se encontraba vencido. La controvertida medida se tomó dando curso exclusivo a un pedido de última hora formulado por el PT.
Un quiebre institucional consumado
Para diversos observadores y analistas de la región, las acciones coordinadas de Moraes, Dino y Zanin constituyen la consolidación de un golpe judicial a la democracia brasileña. El uso del aparato de justicia como herramienta de represalia política y la anulación de las garantías de la oposición marcan un punto de no retorno en el deterioro de la institucionalidad en Brasil.
