Las sanciones migratorias se enmarcan en la política anunciada el 28 de septiembre por el Departamento de Estado y buscan reforzar los compromisos asumidos por los países participantes en la Cumbre de Doral, celebrada en marzo, y en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre.
Washington sostiene que la estrategia pretende frenar la penetración de redes criminales en organismos públicos, incluidos los sistemas judiciales, las fuerzas policiales y los órganos legislativos, sin distinción de afiliación política.
Bolivia: 15 ciudadanos alcanzados por las restricciones
En Bolivia, el Departamento de Estado anunció restricciones de visado contra 15 ciudadanos y sus familiares directos. La lista incluye a legisladores en ejercicio, exautoridades del Ministerio Público, jueces, responsables policiales y antiguos directivos de organismos vinculados a la investigación financiera, la identificación personal y el control migratorio.
Entre los nombres figuran los diputados nacionales Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez, además del exfiscal general Juan Lanchipa Ponce y el exfiscal departamental de Beni Félix Gerardo Balderas Arteaga.
También aparecen Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas en Santa Cruz; Diego Alejandro Barboza Zeballos, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras; y Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
La nómina incluye asimismo a Fernando Ronald Velasco Soliz, exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en el aeropuerto internacional Viru Viru; Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante departamental de la Policía en Tarija y exdirector general de esa fuerza antidrogas; y Oscar Mauricio Ortiz Cuéllar, director departamental del Servicio General de Identificación Personal en Santa Cruz.
Completan la lista Katherine Calderón Valle, exdirectora general de Migración; el exjuez de Ejecución Penal José Ayaviri Siles; el exfiscal coordinador de La Paz Armando Rojas Toledo; el ciudadano particular Rony Suárez Milliet; y Julio Nelson Alba Flores, juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
La Administración estadounidense afirmó que respalda los esfuerzos del Gobierno boliviano para combatir la influencia delictiva en las instituciones estatales.
Colombia: sanciones a siete figuras políticas y empresariales
En Colombia, la medida alcanza a siete ciudadanos y sus familias, entre ellos antiguos responsables de empresas públicas, autoridades locales, congresistas y exlegisladores.
Uno de los nombres destacados es Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol, la principal empresa petrolera estatal colombiana. También figura Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo.
La relación incluye a Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo y exmiembro de la Cámara de Representantes; Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara; y Julio Elías Chagüi Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla, ambos exsenadores.
El séptimo nombre es José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.
Según el Departamento de Estado, las restricciones forman parte de una política dirigida contra ciudadanos extranjeros cuyas actividades presuntamente relacionadas con la corrupción o el narcotráfico puedan socavar los gobiernos democráticamente elegidos del hemisferio.
El fundamento legal de las restricciones
Las medidas se aplican en virtud de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Esta disposición faculta al secretario de Estado a declarar inadmisible a un ciudadano extranjero cuando existan motivos razonables para considerar que su entrada o las actividades que pretende realizar podrían tener consecuencias graves y adversas para la política exterior estadounidense.
La decisión representa una herramienta de presión diplomática que permite a Washington limitar el acceso a su territorio sin que la medida implique, por sí misma, una condena penal.
Con estas acciones, la Administración Trump busca reforzar su estrategia regional contra las redes de corrupción y narcotráfico y aumentar la presión sobre actores que considera vinculados a la infiltración delictiva en las instituciones públicas.
