La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizó a 19 personas vinculadas a la primera célula con presencia acreditada en Chile del Primeiro Comando da Capital (PCC), organización criminal brasileña con operaciones transnacionales y una estructura fuertemente asentada en recintos penitenciarios.
La audiencia, que comenzó el jueves y se extendió hasta este domingo, terminó con nueve de los imputados sometidos a prisión preventiva. Los otros diez ya se encontraban privados de libertad, debido a medidas cautelares o condenas dictadas anteriormente por su participación en distintos delitos. De esta manera, los 19 formalizados permanecen actualmente recluidos en distintos establecimientos penitenciarios del país.
Los cargos presentados por el Ministerio Público incluyen asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico, además de imputaciones relacionadas con la Ley de Armas y tráfico de drogas en algunos de los casos.
Durante la audiencia, el equipo de la Fiscalía Metropolitana Sur expuso antecedentes que permitieron establecer la presencia y funcionamiento de esta estructura criminal en territorio chileno. La investigación contó, entre otros elementos, con información procedente de la denominada triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, donde previamente se había advertido sobre la presencia de integrantes del PCC en Chile.
El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, explicó que la organización se encontraba en una fase de expansión y reclutamiento dentro del sistema penitenciario chileno. Según detalló, los integrantes detectados estaban vinculados principalmente a actividades delictivas contra la propiedad y al narcotráfico.
El PCC posee una estructura interna caracterizada por mecanismos de incorporación, adoctrinamiento y registro de sus integrantes. Entre sus prácticas se encuentra el denominado “libro blanco”, donde se mantiene información sobre miembros de la organización, mientras que en el “libro negro” se incorporan antecedentes de personas que han dejado de pertenecer al grupo, incluyendo decisiones internas que pueden llegar a ordenar su muerte.
La organización brasileña mantiene además presencia en diversos mercados ilícitos, entre ellos el tráfico de drogas y el contrabando, junto con actividades como homicidios, secuestros y robos violentos. Su capacidad de operar desde centros penitenciarios ha sido uno de los elementos que ha permitido su expansión más allá de las fronteras de Brasil.
En la audiencia participaron el fiscal regional Héctor Barros, el fiscal jefe de Alta Complejidad, Alex Cortez, y el fiscal especializado Yans Escobar, quienes presentaron los antecedentes recopilados durante la investigación para acreditar la estructura y actividad de la organización en Chile.
Tras concluir la audiencia, el tribunal estableció un plazo de 120 días para desarrollar la investigación, período durante el cual el Ministerio Público continuará profundizando en los vínculos de los imputados, sus actividades ilícitas y la eventual expansión de la estructura del PCC dentro del país.
