Miles de trabajadores, estudiantes, docentes y simpatizantes de sectores opositores se movilizaron este jueves en distintas ciudades de Colombia para expresar su rechazo a la reforma tributaria impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en una jornada convocada por centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales, con respaldo del Pacto Histórico.
Las manifestaciones tuvieron como principal eje de protesta la denominada Ley de Rescate Económico, actualmente en discusión en el Congreso, iniciativa con la que el Ejecutivo busca incrementar los ingresos fiscales en un escenario marcado por una elevada presión sobre las cuentas públicas. De acuerdo con cifras oficiales citadas durante la discusión, el déficit previsto para el próximo año alcanza el 9,4% del PIB.
En Bogotá, los manifestantes cuestionaron especialmente las modificaciones previstas al impuesto sobre la renta, el incremento de los aportes destinados a salud y las medidas que, según los sectores convocantes, trasladarían una mayor carga tributaria a trabajadores y familias de ingresos medios y bajos.
Las organizaciones opositoras también han criticado la reducción de la carga impositiva para las empresas, así como las posibles consecuencias de la reforma sobre el empleo público y las empresas estatales. El Pacto Histórico sostiene que el proyecto responde a una orientación económica que favorece a grandes empresas y capitales de inversión frente a los sectores con menor capacidad económica.
Otro de los puntos que había generado mayor rechazo era la posibilidad de ampliar el IVA a alimentos y productos básicos. El Gobierno anunció posteriormente que retiraría esa propuesta, pero la modificación no consiguió desactivar la convocatoria de las centrales sindicales y organizaciones sociales.
La movilización se extendió a ciudades como Bucaramanga y Medellín, además de otros puntos del territorio nacional. Mientras en distintos lugares las concentraciones se desarrollaron sin incidentes relevantes, durante la jornada se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Cauca y Medellín, además de cierres de vías y la intervención de unidades policiales antidisturbios.
Los convocantes enmarcaron las protestas en un malestar social que, según su interpretación, supera el contenido de la reforma fiscal. El Pacto Histórico acusa al Ejecutivo de impulsar políticas que afectarían derechos sociales y laborales y de promover una confrontación política y cultural con distintos sectores de la sociedad.
Desde el Gobierno, en tanto, el presidente Abelardo de la Espriella reconoció el derecho constitucional a manifestarse de manera pacífica, pero estableció como límite los bloqueos de carreteras y los hechos violentos.
“El que quiera marchar pacíficamente bien puede hacerlo; ese es un derecho que reconoce la Constitución. Pero no voy a aceptar ni bloqueos de vías ni terrorismo urbano”, afirmó el mandatario.













