LA PAZ / SUCRE — En medio de una severa crisis institucional en el sistema judicial boliviano, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) eligió la madrugada de este sábado al abogado José Armando Urioste Viera como nuevo fiscal general del Estado interino, resolviendo la vacancia dejada por la suspensión y aprehensión del ahora exfiscal general, Roger Mariaca.
La selección de Urioste fue confirmada tras la votación en el Congreso por el presidente del Senado, Diego Ávila. “Hay más de dos tercios, por lo tanto, ha sido seleccionado el abogado José Armando Urioste”, declaró Ávila al concluir la sesión parlamentaria en la ciudad de La Paz.
Proceso penal y graves cargos contra Roger Mariaca
Urioste asume la titularidad en sustitución de Mariaca, quien fue aprehendido por la Policía el pasado 30 de septiembre. La acción policial se produjo después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos restringiera su visa de ingreso a dicho país por su implicación en “actos de corrupción significativa”, la aceptación de sobornos provenientes del narcotráfico y la colaboración con delincuentes violentos para evadir la justicia.
Actualmente, el exfiscal general se encuentra formalmente imputado por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
Desde el Ejecutivo, el ministro Marco Oviedo acusó a Mariaca de haber cooperado directamente con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset para facilitar su liberación tras su captura inicial en 2023, en Santa Cruz de la Sierra.
Captura de Luis Montaño por usurpación de funciones
De forma paralela a la elección legislativa, las fuerzas del orden aprehendieron este sábado al fiscal Luis Montaño Morales, quien el pasado jueves 1 de octubre se había presentado ante la prensa como fiscal general interino para asumir de manera intempestiva la conducción de la institución.
La aprehensión de Montaño se ejecutó cuando este se presentó de manera voluntaria en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de Sucre, desde donde fue ingresado a celdas policiales.
Días antes, el vocero presidencial José Luis Gálvez había denunciado a Montaño por usurpación ilegal e ilegítima de funciones, señalándolo de intentar frenar los avances investigativos del megaoperativo vinculados al caso Marset. De acuerdo con el Gobierno, Montaño pretendía remover a los fiscales asignados al caso e impedir el registro de las denuncias formuladas contra las autoridades detenidas dentro del sistema del Ministerio Público.
