El Pleno del Congreso de los Diputados de Espala ha rechazado este viernes dos reales decretos-ley impulsados en materia de vivienda, dejando sin efecto las medidas que el Gobierno había planteado para aumentar la oferta de vivienda asequible y reforzar la protección de los arrendatarios.
El Real Decreto-ley 26/2026, destinado a proteger la función social de la vivienda y ampliar el parque de vivienda asequible, no ha logrado superar la votación parlamentaria. El texto obtuvo 172 votos a favor frente a 178 en contra.
La norma contemplaba un conjunto de medidas de carácter temporal y estructural, entre ellas restricciones a determinadas adquisiciones de vivienda hasta finales de 2028, mecanismos de protección frente a desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y nuevas reglas para acreditar la condición de gran tenedor.
El decreto también incorporaba modificaciones fiscales relacionadas con el IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, IBI y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Uno de sus principales ejes era el incremento del parque público y la promoción de vivienda asequible. Para ello contemplaba la creación del Fondo de Vivienda de Impacto Social y una línea de avales de hasta 2.000 millones de euros destinada a facilitar la financiación de proyectos de alquiler social o asequible.
El paquete incluía además hasta 280 millones de euros en avales para respaldar parcialmente la financiación del ICO dirigida a pequeñas y medianas empresas fabricantes o promotoras que empleasen sistemas de construcción industrializada. También establecía préstamos sin intereses ni comisiones destinados al acceso a la vivienda, con una cobertura de hasta el 20% del valor y un límite de 50.000 euros.
Rechazo también al decreto sobre los alquileres
La segunda iniciativa parlamentaria, el Real Decreto-ley 27/2026, también fue derrotada en el Pleno. El texto, centrado en reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, recibió 166 votos favorables y 184 en contra.
La propuesta modificaba la Ley de Arrendamientos Urbanos para extender la duración efectiva de los contratos una vez cumplido el periodo mínimo establecido. En concreto, planteaba prórrogas sucesivas una vez transcurridos cinco años de contrato, o siete cuando el propietario fuese una persona jurídica, salvo que alguna de las partes comunicara su decisión de no continuar con el arrendamiento.
El decreto también elevaba de cuatro a seis meses el periodo de preaviso exigido al arrendador para comunicar su voluntad de no prorrogar el contrato.
Además, como regla general, el propietario que notificara correctamente su decisión de no continuar con el alquiler debería compensar al inquilino con una cantidad equivalente, como mínimo, a doce mensualidades de renta de una vivienda de características similares, salvo en los supuestos contemplados expresamente por la propia norma.
Con el rechazo de ambos textos, las medidas previstas para reforzar la oferta de vivienda asequible y modificar las condiciones de estabilidad de los contratos de alquiler no obtienen la convalidación parlamentaria necesaria.
