La política argentina transita un terreno donde la lógica parece suspendida y la memoria resulta un lujo escaso. Según un reciente sondeo de la consultora Poliarquía, mientras la aprobación de la gestión del presidente Javier Milei se mantiene estable en un 42%, la intención de voto para las próximas elecciones presidenciales ubica en primer lugar a Cristina Fernández de Kirchner con el 38%, seguida por Milei con el 34% y Mauricio Macri con el 18%. Lo desolador de esta cifra no radica únicamente en la disputa de liderazgos, sino en una realidad ineludible: la exmandataria encabeza la preferencia popular mientras cumple prisión domiciliaria por delitos comprobados de corrupción.
Esta paradoja colectiva guarda una coincidencia escalofriante con el Síndrome de Estocolmo, aquel fenómeno psicológico bautizado tras el asalto a un banco en Suecia en 1973. En aquella oportunidad, tras seis días de encierro y sometimiento, los rehenes desarrollaron un vínculo de protección y afecto hacia sus captores, negándose luego a testificar en su contra. La psicología explica que la víctima, acorralada y sin control sobre su destino, confunde la mera pausa del castigo con un gesto de bondad, justificando a su victimario para amortiguar la angustia y el desamparo.
En la Argentina contemporánea, el espejo devuelve una imagen alarmantemente similar. Quien se enriqueció con fondos del Estado, empujó a millones de compatriotas a la vulnerabilidad ya la pobreza extrema, benefició impúdicamente a sus socios y degradó las instituciones, conserva un núcleo de adhesión casi dogmático. Mientras los jubilados y pensionados se hunden en una miseria atroz sin lograr cubrir sus necesidades básicas, la ex-Presidenta percibe pensiones de privilegio millonarias. A la condena por la causa Vialidad, se le suman procesos judiciales de enorme gravedad que prometen agravar su situación procesal: los juicios orales por Los Sauces (programado para octubre de 2026) y Hotesur (marzo de 2027), la causa Cuadernos —donde figura como jefa de una asociación ilícita para el cobro de coimas— y el juicio pendiente por el Memorándum con Irán, denunciado en su momento por el fiscal Alberto Nisman por el encubrimiento del atentado a la AMIA.
Validar democráticamente a quien encarna el saqueo y el estancamiento institucional deja al descubierto una profunda distorsión social. Un segmento mayoritario de la sociedad parece haber quedado atrapado en ese cautiverio psicológico, donde se termina justificando y añorando al propio victimario con tal de evitar la incertidumbre de la libertad y el cambio.
