El 5 de septiembre, EEUU emitió un comunicado donde expresa que bajo la dirección del Comando Sur de los Estados Unidos, las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interceptaron con éxito una estación flotante de reabastecimiento de combustible para múltiples embarcaciones que apoyaba las operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar en el Pacífico Oriental.
Los servicios de inteligencia confirmaron que las embarcaciones operaban en apoyo de la violenta organización narcoterrorista Los Choneros.
Los individuos que fueron desembarcados del buque principal fueron entregados a las autoridades ecuatorianas. Una vez que el buque principal fue despejado y la tripulación desembarcó, las fuerzas estadounidenses lo hundieron junto con los buques de apoyo que lo acompañaban.
La JTF-WHEM continúa llevando a cabo operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el hemisferio occidental, finaliza explicando el comunicado estadounidense.
Sin embargo, por disposición de un juez en Ecuador, la Cancillería del país tendrá un plazo de 24 horas para pedir al Gobierno de EEUU una explicación sobre el operativo en altamar y el paradero desconocido de ocho tripulantes ecuatorianos, informó la emisora local Radio Pichincha.
“A pesar de que nueve de los tripulantes ya fueron puestos a órdenes de la Fiscalía, debemos conocer qué ha sucedido con los ocho tripulantes más”, señaló el juez Isaías Mendoza en la audiencia instalada este sábado en la Unidad Judicial de Manta.
Según la emisora radial, el Estado ecuatoriano deberá exigir al gobierno estadounidense información detallada sobre la participación de sus unidades navales en la intercepción del barco pesquero ecuatoriano mencionado, el pasado 2 de septiembre.
De acuerdo con el reporte, varias instituciones estatales deberán responder en el plazo improrrogable información sobre la autoridad que recibió al resto de la tripulación que regresó al país; hora, fecha y coordenadas exactas de la transferencia del personal y el fundamento jurídico de la custodia o restricción de libertad de los pescadores.
También ordenó a la Capitanía del Puerto de Manta y a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) preservar de forma íntegra y sin alteración de las bitácoras, los registros de radio, correos electrónicos, videos, fotografías, trayectorias de radares, coordenadas GPS y sistemas de seguimiento satelital relacionados con el operativo.
Además de que se determine “el punto exacto y método mediante el cual fue hundida la embarcación ‘Conquista 2′”, así como la ubicación de sus restos, se ordenó al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) realizar una reconstrucción de corrientes, vientos y deriva para delimitar nuevas áreas de búsqueda de los ocho pescadores desaparecidos.
