Gobierno de Sánchez impone en el puerto de Ceuta un campamento de atención de los migrantes ilegales ante el rechazo de los ciudadanos

La orden ministerial habilita la ocupación de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario. Según contempla la resolución, la ocupación se materializará de forma «provisional» con fecha límite fijada para el 31 de diciembre de 2026 y no hablan de devolver a los invasores a Marruecos

0
2
Instalación de las carpas en Ceuta - Imagen redes sociales

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España, dirigido por el socialista Óscar Puente, ha ordenado autorizar la instalación de un campamento provisional en el puerto de Ceuta para acoger a más de 1.000 personas en situación irregular.

La medida se ha adoptado formalmente al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, dejando sin efecto la resolución previa del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, que rechazó la propuesta al considerar que la infraestructura resultaba «incompatible con la normal explotación del puerto».

Detalles de la infraestructura y plazos

La orden ministerial habilita la ocupación de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario. Según contempla la resolución, la ocupación se materializará de forma «provisional» con fecha límite fijada para el 31 de diciembre de 2026 y no hablan de devolver a los invasores a Marruecos.

El espacio delimitado incluirá:

  • Áreas asistenciales: Carpas y estructuras destinadas a zonas de descanso, enfermería y dispensario médico.

  • Servicios de atención: Módulos para la intervención social y servicios sanitarios.

  • Gestión y control: Oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta específica para las labores de seguridad.

Oposición del Ejecutivo autonómico y malestar local

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reavivado la tensión institucional con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, presido por Juan Jesús Vivas, así como las críticas de diversos sectores locales y de ciudadanos. Desde la administración autonómica se considera que esta intervención impositiva ignora la saturación de las infraestructuras locales y las crecientes dificultades en materia de seguridad y recursos asistenciales que afronta la ciudad.

Por su parte, la Autoridad Portuaria había advertido en su dictamen que destinar 16.000 metros cuadrados a este uso compromete la actividad comercial y el tráfico de mercancías en una zona prioritaria para la economía ceutí.