Íñigo Almuena
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La operativa portuaria uruguaya atraviesa un punto de inflexión donde la intransigencia sindical afecta severamente la reputación y la competitividad del país. La jornada de este viernes ofreció una muestra clara de este desencuentro: mientras la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) formalizó una propuesta de convenio colectivo sustancialmente mejorada, la asamblea del sindicato TCP-Nelsury optó por el rechazo y por someter a la terminal a una nueva detención de actividades desde las 7:30 hasta las 15:00 horas.
La propuesta desestimada por los trabajadores no consistía en un ajuste menor. TCP presentó un documento que mantiene siete beneficios del acuerdo anterior, mejora otros cinco e incorpora ocho nuevos puntos favorables a la plantilla. A pesar de este esfuerzo por destrabar la negociación, la respuesta gremial volvió a apoyarse en la interrupción directa del trabajo, paralizando la principal infraestructura de contenedores del país durante más de siete horas.
Desde la perspectiva del comercio exterior, la situación resulta insostenible. Las navieras extranjeras observan con perplejidad cómo un conflicto de esta magnitud interrumpe sistemáticamente la cadena logística sin que el gobierno decrete la esencialidad de los servicios portuarios para salvaguardar el interés nacional. Para los actores internacionales, habituados a esquemas de alta previsibilidad y cumplimiento estricto de itinerarios, la falta de una intervención estatal firme transmite una preocupante señal de fragilidad institucional.
El escenario actual deja expuesta una profunda asimetría: por un lado, una empresa que extiende sus concesiones en la mesa de negociación; por el otro, una conducción sindical que perpetúa las medidas de fuerza aun frente a avances concretos. De mantenerse esta dinámica de confrontación e inacción gubernamental, el daño colateral no se limitará a la operativa de una empresa, sino que comprometerá el posicionamiento de Uruguay como hub logístico regional confiable.
