Un nuevo operativo de expulsión concretó el Gobierno durante la madrugada de este jueves, cuando 49 ciudadanos extranjeros abandonaron el país en un vuelo chárter de una aerolínea comercial. Del total, 31 corresponden a ciudadanos colombianos y 18 a ciudadanos peruanos, algunos de ellos con condenas por delitos graves y requerimientos judiciales vigentes en sus países de origen.
La operación, la octava realizada mediante vuelos de expulsión durante 2026, fue presentada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el prefecto Pablo Garay, jefe de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de la PDI.
Con este procedimiento, el Ejecutivo informó que las expulsiones ejecutadas durante el presente año llegaron a 1.270, cifra que ya supera el total registrado en cada uno de los cuatro años de la administración anterior. Según los datos oficiales, en 2022 se efectuaron 1.070 expulsiones, en 2023 fueron 946, en 2024 ascendieron a 1.100 y en 2025 alcanzaron 1.267.
Las autoridades destacaron además que, en poco más de cuatro meses de la actual administración, ya se han concretado 974 expulsiones, superando incluso las registradas durante todo 2023. El Gobierno atribuyó estos resultados al fortalecimiento de la ejecución de medidas administrativas y al incremento de la frecuencia de los vuelos de deportación, dirigidos principalmente a personas que ingresaron irregularmente por pasos no habilitados.
Del total de expulsiones realizadas este año, 1.123 corresponden a procedimientos administrativos y 147 obedecen a resoluciones judiciales. A ello se suman 6.722 salidas voluntarias de extranjeros desde enero, en su mayoría ciudadanos venezolanos, lo que eleva a 7.987 las personas que han abandonado el territorio nacional durante 2026.
En paralelo, el director nacional de Migraciones destacó la disminución de los ingresos clandestinos, atribuyéndola al avance del denominado Plan Escudo Fronterizo, que contempla la instalación de infraestructura, despliegue militar y tecnología de vigilancia en la frontera norte.
Respecto del perfil de los expulsados, la Policía de Investigaciones informó que el 39% ingresó al país por pasos no habilitados. Durante el primer semestre del año se detectaron 10.038 ingresos irregulares, siendo la Región Metropolitana y Arica y Parinacota las zonas donde se concentró una parte importante de las fiscalizaciones.
Entre los ciudadanos peruanos expulsados figuraban tres personas de interés para las autoridades de ese país. Dos mantenían antecedentes por tráfico de drogas y homicidio, mientras que un tercero registraba una orden de captura vigente por delitos de carácter familiar conforme a la legislación peruana.
En el caso de los ciudadanos colombianos, seis eran considerados sujetos de interés por las policías de ambos países. Entre sus antecedentes se incluyen delitos como robo con violencia, lavado de activos, homicidio, infracciones a la Ley de Drogas, hurto calificado y una orden de captura vigente en Colombia por hurto agravado, por lo que será detenido al arribar a su país.
Asimismo, entre los expulsados figuraban personas condenadas o sancionadas por infracciones a la Ley 20.000 sobre tráfico de drogas, además de delitos como homicidio frustrado, incendio, robo con fuerza en lugar habitado, robo con intimidación, robo con violencia, robo por sorpresa y sabotaje informático, entre otros ilícitos.
Las autoridades señalaron que este tipo de operativos continuará desarrollándose como parte de la estrategia gubernamental para reforzar el control migratorio y ejecutar las resoluciones de expulsión dictadas por la autoridad administrativa y los tribunales de justicia.
