Por Paco Tilla.-
Este 26 de marzo no será una fecha cualquiera en el calendario judicial de Estados Unidos. La comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores marca un hito en la búsqueda de justicia para Venezuela, pero también pone de relieve la desfachatez de una estructura de poder que no conoce límites éticos. El equipo de defensa del régimen ha alzado la voz para denunciar que el Gobierno estadounidense intenta “impedir” que el mandatario costee su representación legal. La pregunta que surge de inmediato es: ¿con qué dinero pretende pagar Maduro a sus abogados de élite?
El botín como escudo legal
Resulta una barbaridad jurídica y moral que un presidente de facto, que ha usurpado el poder mediante elecciones fraudulentas y ha sumido a su nación en la miseria, pretenda utilizar recursos del Estado para defenderse de cargos criminales personales. El dinero de las arcas venezolanas pertenece a un pueblo que padece hambre y falta de medicinas, no a un individuo señalado por narcoterrorismo que busca salvar su propia piel en tribunales extranjeros.
La pretensión de utilizar fondos públicos para una defensa privada no es solo un acto de corrupción, es el último insulto de una tiranía que confunde el patrimonio nacional con su billetera personal.
El refugio en la retórica del “imperialismo”
Como era de esperarse, el aparato de propaganda ha activado a sus voceros para intentar transformar un proceso por delitos comunes en una gesta heroica de resistencia. La politóloga Carolina Escarrá ha salido al ruedo con un argumento tan gastado como erróneo: afirma que no estamos ante un acto de justicia, sino ante una manifestación del “Destino Manifiesto” y el “supremacismo estadounidense”.
Al intentar disfrazar un juicio criminal de “conflicto ideológico”, analistas como Escarrá no hacen más que actuar como cómplices dialécticos de un tirano.
Hablar de “supremacía de la fuerza” para defender a alguien cuyas manos están manchadas con la sangre de la represión ciudadana es, por decir lo menos, una ceguera voluntaria. No se trata de visiones imperiales; se trata de rendición de cuentas ante la ley por crímenes que han dejado cicatrices imborrables en el tejido social venezolano.
Una justicia necesaria
Lo que está en juego este 26 de marzo no es la soberanía de una nación, sino la impunidad de quienes la secuestraron. El mundo debe observar con claridad: mientras la defensa llora por la falta de acceso a cuentas congeladas, millones de venezolanos siguen esperando que la verdadera justicia —esa que no se compra con petrodólares— toque finalmente la puerta de Miraflores.
