Un grupo de especialistas en derechos humanos de Naciones Unidas expresó su preocupación por el rumbo reciente de Argentina en materia de memoria, verdad y justicia, al considerar que el país atraviesa un proceso de retroceso respecto de los estándares que lo convirtieron en referente global durante décadas.
En un contexto marcado por la conmemoración de los 50 años del inicio de la última dictadura militar, los expertos señalaron que, desde el retorno democrático en 1983, Argentina había construido un modelo reconocido internacionalmente en justicia transicional. Entre los hitos destacados se encuentran la creación de la CONADEP, el histórico Juicio a las Juntas, el procesamiento de más de mil responsables de crímenes de lesa humanidad, así como políticas de restitución de identidad y preservación de la memoria.
Sin embargo, advirtieron que este recorrido presenta hoy señales preocupantes. Según indicaron, desde 2024 se han adoptado medidas que debilitan el rol del Estado en la investigación de estos delitos, restringen el acceso a archivos vinculados a la dictadura y afectan los mecanismos de reparación para las víctimas.
Los expertos también cuestionaron el desmantelamiento de organismos e instituciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas, la conservación documental y la promoción de los derechos humanos, al considerar que estas decisiones impactan directamente en los pilares de la democracia y el Estado de derecho.
En ese sentido, instaron al Gobierno argentino a revertir estas políticas y restituir las herramientas institucionales eliminadas, subrayando que las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición no son opcionales, sino compromisos jurídicos internacionales.
Otro de los puntos de alarma señalados es el crecimiento de discursos negacionistas y expresiones que relativizan o justifican las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar. Los expertos advirtieron que este tipo de narrativas, junto con la estigmatización de víctimas y organizaciones, contribuyen a erosionar los avances logrados y constituyen una forma de vulneración de derechos.
Asimismo, manifestaron inquietud ante versiones difundidas en redes sociales sobre posibles indultos a militares condenados por delitos graves. Frente a este escenario, recordaron que el derecho internacional prohíbe de manera categórica este tipo de medidas en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Finalmente, confirmaron que han mantenido contactos con las autoridades argentinas para trasladar estas preocupaciones y reiteraron el llamado a preservar y fortalecer el legado construido en materia de justicia transicional, considerado clave para garantizar una reconciliación sostenible y evitar la repetición de hechos del pasado.
