Las fuerzas de seguridad de Haití y contratistas militares privados estarían empleando drones armados con explosivos en operaciones que han causado numerosas muertes de civiles en zonas urbanas densamente pobladas, según denunció la organización Human Rights Watch en un informe difundido desde Washington.
De acuerdo con la investigación, al menos 1.243 personas murieron y otras 738 resultaron heridas en 141 ataques con drones realizados entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026. Entre las víctimas se encuentran al menos 43 adultos que no pertenecerían a grupos criminales y 17 menores de edad, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la legalidad y proporcionalidad de estas operaciones.
La directora para las Américas de la organización, Juanita Goebertus, advirtió que la estrategia está causando un alto número de víctimas ajenas al conflicto. “Decenas de personas comunes, incluidos niños, han muerto o resultado heridas”, señaló, al tiempo que pidió a las autoridades haitianas controlar urgentemente a los agentes de seguridad y a las empresas privadas involucradas.
Según el informe, los ataques habrían sido ejecutados por un grupo de trabajo especial creado por el primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé, con apoyo de la compañía militar privada Vectus Global. La participación de esta empresa fue autorizada mediante una licencia del United States Department of State para exportar servicios de defensa al país caribeño, de acuerdo con el embajador estadounidense en Haití.
La investigación incluyó entrevistas con familiares de víctimas, médicos y líderes comunitarios, además del análisis de material audiovisual difundido en redes sociales. En varios videos verificados se observan drones cuadricópteros equipados con explosivos atacando vehículos y personas en movimiento en la capital haitiana, Puerto Príncipe. En muchos casos, según los investigadores, las personas atacadas no parecían representar una amenaza inmediata.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 20 de septiembre de 2025 en el barrio de Simon Pelé, cuando un dron detonó un artefacto explosivo cerca de un complejo recreativo donde se encontraban numerosos niños. El ataque dejó al menos diez civiles muertos —entre ellos nueve menores de entre 3 y 12 años— y decenas de heridos.
Los médicos que atendieron a las víctimas describieron lesiones extremas, incluidas amputaciones traumáticas, fracturas abiertas y heridas causadas por fragmentación. De acuerdo con testimonios recogidos por los investigadores, la explosión provocó escenas de caos y desesperación mientras los residentes buscaban ayuda para los heridos.
El uso de drones armados se ha intensificado en los últimos meses en la capital haitiana. Entre noviembre de 2025 y el 21 de enero de 2026 se registraron 57 ataques, casi el doble de los ocurridos entre agosto y octubre. El promedio de víctimas mortales por operación ronda las nueve personas, aunque el ataque más letal dejó 57 muertos.
La presencia constante de drones también ha generado un clima de miedo entre los habitantes de la ciudad. Algunos residentes aseguran evitar salir de sus casas por temor a nuevos ataques.
Aunque las autoridades haitianas no han respondido a las solicitudes de comentarios del informe, la organización recuerda que Haití es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege el derecho a la vida y establece límites estrictos al uso de la fuerza letal por parte de agentes del Estado.
La entidad pidió al gobierno haitiano esclarecer la cadena de mando detrás de las operaciones con drones, investigar posibles homicidios ilegales y garantizar reparaciones para las familias afectadas. También solicitó a la misión internacional autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abstenerse de brindar apoyo operativo hasta que existan garantías claras para prevenir abusos.
“Restablecer la seguridad en Haití es fundamental”, concluyó Goebertus, “pero el uso ilegal de drones armados está agregando una nueva capa de violencia a comunidades que llevan años sufriendo”.
