Tras cuatro años y ocho meses de reclusión, la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, fue liberada este jueves, alrededor de las 11:00, del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en la ciudad de La Paz, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló su sentencia condenatoria de 10 años de prisión por el denominado caso “Golpe de Estado II”.
“Es volver a la vida (…) Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó. Este es el compromiso que todo boliviano que ama a su patria tiene que hacer y yo lo asumí aun sabiendo que en algún momento iba a tener un costo”, expresó Áñez, visiblemente emocionada, según informó la Agencia ABI.
A su salida del penal, la exmandataria fue recibida por sus familiares, abogados y seguidores. “Lo hice con convicción, con mucha fe; no somos politiqueras, no somos calculadoras, no buscamos nuestro propio bien, sino el bien colectivo. Ha sido un tiempo muy duro. Pero esto me ha enseñado a tener la fuerza de la resiliencia”, añadió.
La Sentencia 011/2025, emitida el 5 de noviembre de 2025 y proyectada por el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Chuquisaca, Carlos Ortega, determinó anular el fallo condenatorio emitido por un tribunal ordinario y absolver de culpa a la exmandataria, ya que debió afrontar un juicio de responsabilidades.
Además, el TSJ, señaló que la sucesión presidencial de 2019 no constituyó un acto de usurpación, sino que fue un proceso de “necesidad constitucional” ante el vacío de poder generado por las renuncias de los altos mandos del Órgano Ejecutivo.
Tras la notificación de la decisión al juez Primero de Ejecución Penal, Luis Cayoja, se emitió el mandamiento de libertad inmediata, que permitió la salida de Áñez del penal paceño.
Según su entorno cercano, Áñez tiene previsto asistir este sábado 8 de noviembre al acto de posesión del presidente electo Rodrigo Paz y del vicepresidente Edmand Lara, que se desarrollará en la plaza Murillo, en la ciudad de La Paz.
Apuntes
Áñez fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes, en el marco del proceso “Golpe de Estado II”.
La acusación se refería a su actuación durante la crisis política de noviembre de 2019, cuando asumió la Presidencia tras la renuncia de Evo Morales.
