Con algunos cambios, el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para la iniciativa que prevé la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, donde múltiples delitos y asesinatos quedaban sin condena por la edad de los victimarios.
Uno de los casos más dolorosos entre varios protagonizados por menores ocurrió en febrero pasado. Dos delincuentes de 14 y 17 años fueron identificados como responsables de la muerte de Kim Gómez, una niña de 7 años, quien fue atropellada por el vehículo que los dos menores habían robado. Los delincuentes ignoraron las súplicas de la madre de la niña, quien les pedía que bajaran a su hija antes de llevarse el auto.
El objeto de la ley es el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 años de edad. Su finalidad es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social.
Según el dictamen, en los procesos penales seguidos contra niños, niñas o adolescentes, regirán todos los principios, derechos y garantías que surgen del sistema procesal acusatorio.
Asimismo, las sanciones aplicadas en ningún caso pueden implicar una interrupción de los estudios. A los fines de la escolaridad obligatoria, deberán implementarse programas específicos de manera coordinada con el sistema educativo de la jurisdicción.
El texto también establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes será de 15 años.
El adolescente, además, deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, con personal que cuente con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.
Según explicó la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), presidente de la Comisión de Legislación Penal, el dictamen de mayoría alcanzó 77 firmas, impulsado por el oficialismo y los bloques aliados.
Por otra parte, la diputada Margarita Stolbizer (EF) presentó un dictamen de minoría y las bancadas de Unión por la Patria (kirchneristas) y el Frente de Izquierda adelantaron que también presentarían despachos de minoría.
Durante su discusión en el plenario, la diputada Roxana Reyes (UCR), titular de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, consideró que un nuevo Régimen Penal Juvenil “era una asignatura pendiente de este Congreso”.
“Tiene una misión que es resocializadora, educativa, de contención, es llegar a tiempo para que aquellos jóvenes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener la oportunidad de la resocialización”, explicó.
El kirchnerismo y la izquierda en contra
Por su parte, el diputado Christian Castillo (FIT) argumentó su rechazo al proyecto impulsado por el oficialismo. “Hay toda una presentación del tema como si la clave de la inseguridad urbana estuviera dada por las acciones de niños, niñas y adolescentes. La evidencia en países donde se ha bajado la edad de punibilidad demuestra que no disminuye la cantidad de delitos, sino que incluso han aumentado”, justificó.
En tanto, el diputado Germán Martínez (UxP), objetó que “este tema no está lo suficientemente maduro para que hoy podamos dictaminar”. “Entiendo que haya un deseo de avanzar en el dictamen, pero después de las reuniones informativas, nos están faltando etapas de procesamiento de esa información”, reclamó.
Durante el plenario, la diputada Marcela Campagnoli (CC) explicó los alcances del dictamen de mayoría: “Se crea un Régimen Penal Juvenil con garantías procesales, garantías que hoy los jóvenes de 16 a 18 no tienen, como la defensa en juicio y el derecho a ser oído. Hoy hay un régimen tutelar donde el menor queda a total disposición del juez, donde el juez puede detenerlo sin dar argumentos”.
