Los magistrados de los tribunales de Comodoro Py en Argentina entendieron que se debía computar el plazo que el exvicepresidente kirchnerista Amado Boudou estuvo con prisión preventiva por una causa vinculada con el expediente en el que se constataraon hechos de corrupción en el proceso de salvataje de la ex Ciccone Calcográfica.
De esta manera, la Justicia consideró que debe reducirse en tres meses la pena que recibió en julio pasado el exvicepresidente a cinco años y diez meses de prisión y por la que se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.
La decisión se conoce poco después de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara la apelación presentada por la defensa del exvicepresidente para recurrir a la Corte Suprema de Justicia con el fin de que ese tribunal revoque su condena.
La Sala IV de Casación también ratificó las penas de 5 años y 6 meses de prisión para el ex socio y amigo de Boudou, José María Núñez Carmona, y de 4 años y 6 meses para Nicolás Tadeo Ciccone, cofundador de la imprenta, llamada ahora Compañía de Valores Sudamericana (CVS).
Ese fallo fue dictado por el máximo tribunal penal del país, integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes también confirmaron la pena de dos años de prisión en suspenso para el empresario Alejandro Vandenbroele, quien fue beneficiado con la figura del “arrepentido” en la causa.
La defensa del ex vicepresidente de Cristina Kirchner apeló la decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que rechazó esa medida que buscaba llegar a la Corte para pedir la revocación de la condena.
Boudou fue condenado en julio como autor de los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que Núñez Carmona y Vandenbroele fueron sentenciados por la figura de partícipe necesario.
Ciccone, por su parte, fue considerado autor de cohecho activo y los ex funcionarios Rafael Resnick Brenner (tres años en suspenso) y César Guido Forcieri (dos años y medio en suspenso), partícipes necesarios de negociaciones incompatibles con la función pública
