(VOA).- Las principales fuerzas sociales, económicas y políticas de Nicaragua decidieron formar la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esta nueva organización política integrada por 43 movimientos, busca presionar al gobierno de Daniel Ortega para que retome el diálogo nacional, como una salida a la crisis socio política que ha dejado entre 322 y 512 muertos, según organismos de derechos humanos.
“Nosotros creemos que es el momento en que cese la represión, que se desarmen los paramilitares y que Ortega comprenda que el pueblo está pidiendo el Diálogo Nacional y que se lo está pidiendo la comunidad internacional”, manifestó el opositor Carlos Tünnermann durante el lanzamiento de la nueva organización política.
De no concretarse una salida pacífica a la crisis, los daños a la economía serán más severos, asegura Juan Sebastián Chamorro, representante del sector privado nicaragüense, quien ahora forma parte de esta nueva organización.
“Más de 350 mil personas han perdido sus empleos. Esa es una tragedia socioeconómica. Desde el punto de vista turístico, el 80% de los hoteles han cerrado. El problema radica en la intransigencia de no buscar una salida política”, expresó Chamorro.
Pese a que la oposición nicaragüense insiste en el adelanto de los comicios electorales, el partido de gobierno no cederá a estas peticiones. Así lo explicó en una entrevista a la Voz de América el procurador sandinista Adolfo Jarquín Ortel, quien asegura que los adversarios del presidente Ortega quieren perpetrar un “golpe suave”.
“Considero que están probando de cualquier manera tumbar al gobierno. No se puede permitir ni golpe suave, no golpe jurídico, ni golpe legislativo. Ningún golpe. Hay que respetar lo que está establecido en la Constitución Política de Nicaragua”, puntualizó Jarquín.
Otras acciones de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) son: exigir el cese inmediato de la represión, amenazas, acosos, desapariciones, capturas, violaciones sexuales. Además pedir la libertad de todos los prisioneros políticos y el fin de la criminalización a las protestas ciudadanas.
En medio de la crisis socio política tanto la oposición como el gobierno aseguran que seguirán realizando manifestaciones en todo el país, sin posibilidad a la vista de que se logren acuerdos que pongan fin a casi 6 meses de violencia.
