
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó un plan para el desarrollo equitativo de las sociedades de los países de Latinoamérica, iniciativa donde se combinan diversos factores para lograr una optimización y buena distribución de los recursos de los países involucrados y de esta manera superar la pobreza y la desigualdad en la región.
La hoja de ruta estipulada por el organismo internacional, para que sea desarrollada dentro de los próximos años, se denomina “Cambio estructural para la igualdad: Una visión integrada del desarrollo”, la que fue presentada dentro del contexto del trigésimo cuarto período de sesiones del organismo que se celebra hasta el viernes 31 en El Salvador.
Ante esto el conglomerado internacional a través del dossier, argumenta que las diferentes naciones de la región deben interrelacionar un elevado crecimiento del empleo y de la productividad, con el objetivo de superar la pobreza y la desigualdad.
En esta línea resalta factores como aplicar políticas industriales activas en combinación con políticas macroeconómicas, sociales y laborales, de manera de crear una estructura productiva fuerte que permita garantizar la estabilidad económica, la protección social y los desequilibrios de los mercados externos.
“Se requiere un Estado que adopte políticas industriales orientadas a dotar de mayores capacidades y competitividad a actividades con claro potencial de especialización e incorporación de progreso técnico, y que diversifique la estructura productiva mediante la creación o consolidación de nuevos sectores y actividades de alta productividad y mayor eficiencia ambiental”, destacó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
La CEPAL advierte que la inversión pública juega un rol determinante en este proceso, ya que debe identificar los nichos de acción en el futuro en materia tecnológica, de demanda, además de fomentar las inversiones privadas complementarias.
Por otra parte asegura que es necesario articular una estrategia entre el Estado, mercado y sociedad, que incluya pactos fiscales y sociales que doten de legitimidad y recursos a este proceso de cambio estructural.









